Reincidente el 30% de acusados con “medidas cautelares”

Por Juan Pablo Sebastián

En tanto que la población penitenciaria se ha reducido considerablemente en los últimos dos años, debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal, la reincidencia sigue siendo alta incluso en aquellas personas sometidas a medidas cautelares.

Al asistir de invitado con el grupo Madrugadores, el miércoles 22 de agosto, el Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario David Limón Grijalva informó que de 16,000 internos que había hace más de dos años en los nueve centros penitenciarios de Baja California, la cantidad se redujo a 11,300 a mediados del 2018.

Aclaró que esto no significa que los delitos vayan en descenso, simplemente que los acusados enfrentan castigos que les permiten seguir delinquiendo desde afuera, en referencia en las medidas cautelares.

“A nosotros nos corresponde aplicar y supervisar las medidas cautelares que ordena el Juez para los acusados, ya sea colocarle los brazaletes, restricciones para que se mantengan en su domicilio o para que acudan a firmar”.

Cuando nos damos cuenta que un procesado se quitó los brazaletes, le informamos inmediatamente al Ministerio Público y al Juez. En ese lapso es cuando estas personas reinciden en la comisión de delitos, de eso la importancia de la imposición de la prisión preventiva, porque son delitos que pueden merecer prisión preventiva”, sostuvo Limón Grijalva al exponer ante el grupo Madrugadores que preside Carmen de la Toba, un nuevo proyecto en materia de atención y reinserción social de los presos.

Estimó que un 30% de los acusados que enfrentan el proceso judicial desde afuera de la cárcel, reinciden en la comisión de un delito.

En otros temas, el funcionario garantizó que ningún centro penitenciario de Baja California es actualmente sede de extorsiones telefónicas, luego de una serie de medidas de control interno.

“No hay forma de que eso pase en los centros penitenciarios de Baja California, porque se gasta mucho dinero en los inhibidores y porque tenemos las unidades caninas que son expertas en la detección de baterías de celulares, pero créanme, el principal problema ya no es tanto el intento de ingresar teléfonos celulares, sino el ingreso de drogas, siguen buscando la forma, desgraciadamente la nueva ley nos impide revisar las cavidades tanto de los hombres como de las mujeres, pero nosotros estamos teniendo mucho cuidado y al tener algún indicio, pasamos la persona al área de radiografías y en su caso, hacemos la turnación a la autoridad correspondiente para continuar con el proceso, porque no somos autoridad para revisar”, agregó.

Pese a esta reducción de la población penitenciaría, lamentó que la Comisión de los Derechos Humanos insista en que hay un hacinamiento en las cárceles.

“Los derechos humanos dicen que si caben 10 en una celda y tenemos 11, existe hacinamiento. Antes había 30 presos por celdas. Ahora tenemos 11 como máximo. Hemos logrado reducir, pero seguimos con una sobrepoblación del 20%”, añadió.

Entre otros temas, habló sobre el incremento de las mujeres ingresadas a las cárceles por motivos de su participación en el tráfico de drogas, así como la inequidad entre el gasto que ejerce el Estado en un preso (158 pesos diarios) y el salario mínimo de un empleado común (80 pesos).

Actualmente, en uno de los centros de máxima seguridad hay alrededor de 1000 presos que purgan condenas de 50 hasta 100 años de prisión, lo que representa un gasto de 158 mil pesos diarios y 56 millones de pesos al año.