Rosarito
Rechaza Sindicatura incrementar impuestos por supervisión de obras
Por Juan Pablo Sebastián
La Sindicatura Municipal rechazó la propuesta del Colegio de Ingenieros Civiles de Playas de Rosarito de incrementar impuestos por concepto de supervisión de obras y sus derivados.
Luego de analizar detalladamente el convenio que el Colegio de Ingenieros pretende celebrar con el Ayuntamiento de Rosarito, la Sindicatura Municipal emitió un documento donde responde detalladamente una a una las peticiones de los ingenieros.
En primer lugar, aclara que dos de los principios del Ayuntamiento de Rosarito es la austeridad y la simplificación administrativa, por lo cual considera “incongruente” dicho convenio.
Respecto al punto de que el Ayuntamiento tiene limitaciones en la Dirección de Administración Urbana y Ecología para la supervisión de obras, indica que esta afirmación debe ir soportada por un documento legal emitido por gobierno municipal donde reconozca esta limitante, mismo que hasta la fecha no existe, pues la dependencia ha informado estar cumpliendo con sus planes programáticos sin mayor problema.
El documento también considera improcedente la creación de inspectores honorarios, “puesto que ya existen profesionistas registrados como peritos responsables de obra”, además de que al cobrar el 34% de las multas y 5% de las inspecciones, ya no serán honorarios, porque el Ayuntamiento se convertiría en el cobrador de servicios que prestará el perito responsable.
En otras palabras, el Ayuntamiento hará gastos extraordinarios en cobros, separación de conceptos y entrega de dinero acumulado al Colegio, que no se le regresarán.
“Esta facultad de revisión de proyectos ya está contemplada en la Ley de Ingresos Municipales y para ello cuenta con analistas, quienes son los encargados de revisar que se apeguen tanto al reglamento, como a la ley de edificaciones del gobierno del estado de Baja California”.
En cuanto a la cláusula que menciona la prevención en caso de sismos o desastres naturales, indica que no se puede hacer más que los dictámenes y peritajes por parte de protección civil y control urbano, lo que podría derivar en duplicidad de funciones, una por parte de la autoridad competente y otra por parte de una asociación civil, haciendo más pesada la carga económica a los contribuyentes para tramitar una licencia de construcción “el poder se ejerce, no se comparte”, concluye la contestación.