Procedimientos de cobro a deudores de la CESPT están al margen de la ley

Por Juan Pablo Sebastián

Presidentes de los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California acusaron al Gobierno del Estado de incurrir en el delito de concusión (acción de exigir impuestos, multas o prestaciones de manera arbitraria) y advirtieron que al menos 450 empresas deudoras de la CESPT ya preparan las denuncias penales en contra de la autoridad.

En conferencia de prensa virtual, el abogado del Consejo Coordinador Empresarial Rodolfo Solís, aseguró que los procedimientos utilizados por la empresa FISAMEX, contratada para detectar y cobrar a los deudores de agua y drenaje, se encuentran al margen de la ley, pues está utilizando un poder fáctico para obligarlas a pagar, en muchos casos derechos que no han recibido.

Aclaró que como abogado y asesor legal del Consejo Coordinador Empresarial no está defendiendo a los deudores ni a las empresas que han incurrido en ilícitos, instalar “tomas clandestinas” de agua o drenaje, sino en contra de los procedimientos de cobro al margen de la ley, además de otras violaciones e irregularidades jurídicas.

“La Ley que reglamenta el servicio de agua marca claramente los procedimientos para cobrar, para sancionar, para detectar a los deudores. Nuestra postura es que aquellas empresas que deban agua o drenaje tienen que pagar y se les tiene que cobrar, pero con procedimientos  apegados a derecho.

Lo que estamos viendo es un poder factico. Se encomendó una cobranza a esta empresa que se está convirtiendo en un monstruo, porque le están dando una comisión 20% del cobro. Entonces, si a empresa se va a quedar con el 20% del cobro, pues la lógica es que tienda a inflar los adeudos”, explicó el abogado en la conferencia virtual.

Ante estos abusos, recomendó a las empresas agruparse e interponer sus denuncias penales correspondientes para solicitar la devolución de los pagos indebidos, como ya las preparan alrededor de 450 empresas en el Estado, de las más de 3 mil que han sido dictaminadas bajo estos procedimientos irregulares.

“No están respetando ningún principio básico, solo les llegan amenazando con cortarles los servicios si no pagan. Les están diciendo o pagas o te corto el agua o te tapo el drenaje con concreto. El común denominador es que no se trata de “tomas” ilegales ni de consumo de agua, sino de cobros de derechos que en algunos casos ni siquiera les han prestado, pues hay fraccionamientos que no tienen el servicio de agua. Nos preocupa mucho que este tipo de acciones no se apeguen a derecho y no se le dé la oportunidad de defenderse a las empresas”. Ante estas violaciones, el especialista consideró que las empresas tienen muchas posibilidades de ganar los procesos legales y obtener sus recursos de vuelta por pagos indebidos.

“Lo que pueden hacer las empresas es agruparse y presentar las acciones legales de manera grupal o colectiva, para solicitar las devoluciones de los pagos indebidos, y seguir exigiendo el respeto al estado de derecho. El Estado va a tener que regresarlos con los intereses respectivos. Si dice El estado dice que ha recaudado 1,500 millones de pesos, cuando terminen los procedimientos va a tener que regresar al menos tres mil millones por esos intereses”.

Finalmente, apeló al criterio de la autoridad estatal para que corrija estos procedimientos, “que si alguien debe, que se le exija el pago con los procedimientos correctos, que no se tolere a los incumplidos, a los que tienen tomas clandestinas, pero no tratemos de crucificar a los empresarios y que por unos malos paguen todos”, enfatizó.