Auditoría federal detectó daño patrimonial Araceli Brown realizó una administración deficiente de las participaciones federales

La Auditoría Superior de la Federación detectó un daño patrimonial de más de 10 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2023 en el gobierno de Araceli Brown Figueredo, derivado de la deficiente administración de las participaciones federales.

La observación presume un daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 10,565,258.69 pesos (diez millones quinientos sesenta y cinco mil doscientos cincuenta y ocho pesos 69/100 M.N.), por la falta de documentación que acredite” varios servicios contratados.

Para la revisión de los recursos de la Cuenta Pública 2023, la estrategia de fiscalización definida por la Auditoría Superior de la Federación consideró auditorías a una muestra de las participaciones federales en las materias siguientes: 

La distribución, liquidación y pago de las participaciones federales a las entidades federativas y a los municipios por medio de 33 auditorías.

“Con la revisión de seis expedientes de adquisiciones y servicios, se constató que en los siguientes contratos OM/CPS/048/2023 relativo a la contratación del servicio de implementación (SIAC), OM/CCV/018/2023 relativo a la compraventa de retroexcavadora, OM/CCV/037/2023 relativo a la adquisición de un camión pipa nuevo y un camión recolector nuevo y OM/CCV/081/2023_01 relativo a la adquisición de 6,000 combos de pozole, no se presentó documentación justificativa que acredite que el servicio contratado se realizó conforme a lo estipulado en el contrato.

Respecto a los contratos con números OM/CCV/018/2023 y OM/CCV/037/2023, no se proporcionó el documento que acredite que los bienes adquiridos fueron dados de alta en el inventario como patrimonio del ejecutor, ni la evidencia fotográfica de los números de serie de los vehículos.

En cuanto al contrato número OM/CCV/081/2023_01, no se proporcionó evidencia documental en la cual se constate que los beneficiarios recibieron completamente los paquetes contratados, incumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 70, fracción V y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, artículo 55.

Aunque el Ayuntamiento presentó en su momento información para solventar las observaciones, la Auditoría Superior de la Federación determinó que dicha información no reunía las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, resolviendo que la observación se consideró como no atendida.

El dictamen final fue un presunto daño patrimonial por más de diez millones y medio de pesos, derivado de una gestión deficiente de los recursos de las participaciones federales en 2023.

A la fecha, la Sindicatura asegura no haber sido notificada de esta acusación de la Auditoría Superior de la Federación, pese a que la encargada de despacho de la Subdirección de Inversión y Cuenta Pública del Ayuntamiento de Rosarito Gabriela Rosales Govea, firmó de recibido la notificación.

Así consta en el oficio emitido el 13 de diciembre del 2024 por el director general de Auditoría de la Federación Aureliano Hernández Palacios Cardel, donde notifica a la Tesorería Municipal de las observaciones por el presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública de Playas de Rosarito.

Por su parte, la unidad de delitos patrimoniales de la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito tampoco ha recibido la denuncia de la parte acusadora.