Criminales y policías corruptos en homicidio de Jueza

Tomado de Zeta

En el caso del asesinato de Diana Marlén Montes de Oca Ramos, de 43 años, -una de 76 mujeres asesinadas en 2021-, quien se desempeñaba como Jueza Municipal de Tijuana y fue acribillada junto con su madre el domingo 17 de enero, hay  más avances.

Las balearon alrededor del mediodía, cuando estaban a bordo de una camioneta Toyota roja, estacionada sobre la calle Bahía Cantiles de la colonia Vista Marina en Rosarito. La madre murió con dos tiros en el cuerpo.

Diana Marlén recibió siete impactos de bala en la cabeza, tórax y sus extremidades. Testigos reportaron el ataque y a dos homicidas que huyeron en una trimoto.

Desde el inicio, la principal línea de investigación gira en torno a un pleito por tierras.

La Jueza y su  madre se dedicaban a la venta y regularización de tierras en Rosarito.

A partir de agosto del 2020, se enfrasco en un pleito legal por los 5 mil 505.891 metros cuadrados del lote 260, manzana 701 del fraccionamiento Vista Marina.

En el mencionado litigio, Montes de Oca había denunciado a un grupo de policías que invadieron el predio apoyados por Pedro Fausto Fernández López “El Cremas”.

Este hombre, aliado con agentes locales, fue identificado como parte de una célula delictiva en Rosarito por las autoridades ministeriales. De hecho, a tres meses de iniciar el pleito legal con la Jueza, “El Cremas” fue asesinado y su hermano continúa el conflicto por las tierras.

De la muerte de “El Cremas”, se sabe que a las 08:36 horas del 28 de noviembre de 2020, los números de emergencia recibieron el reporte de “detonaciones de arma de fuego” en el número  11 de la calle Guadalupe Victoria y Niños Héroes, colonia La Ladrillera, en Playas de Rosarito.

Minutos más tarde, elementos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja informaron que la víctima era Pedro Fausto Fernández López, de 52 años de edad.  En el ataque usaron tres armas calibre .40.

El cuerpo de “El Cremas” tenía ocho lesiones que impactaron cabeza, cuello, pecho y brazos.

El mismo día, y reportado a la misma hora, también en Rosarito, pero sobre el kilómetro 42 de la carretera libre Ensenada-Tijuana, frente al restaurante El Pescador, los números de emergencia atendieron otra denuncia de homicidio calificado. La víctima, Jesús Noé Díaz Barajas, de 43 años.

El reportante informó: “Hay una persona tirada sobre la carretera”, por lo que los primeros respondientes atendieron el llamado, y antes de llegar al lugar, les informaron que hay detonaciones de fuego en La Ladrillera –Pedro Fernández-, por lo que otros agentes de la Policía Municipal atendieron el otro incidente.

En la escena de la muerte de Noé Díaz, también encontraron casquillos de armas calibre .40, pero la víctima presentaba 12 lesiones en cara, tórax y brazos.

Además de haber sido asesinado el mismo día fue Fernández, el contrincante en el litigio de la Jueza Diana Montes de Oca, resulta que una de las armas usadas para asesinarlo, fue utilizada para dispararle al auto donde murió la funcionaria, y con la misma le quitaron la vida a la madre de esta.

La pistola calibre .40 fue localizada por las autoridades “oportunamente” en Rosarito, tres meses después de la muerte de Noé Díaz y un mes posterior al asesinato de la mujer de 72 años. La encontraron al atender una denuncia por riña que terminó en un expediente iniciado por privación ilegal de la libertad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosarito informó que a las 17:22 horas del jueves 25 de febrero, los tripulantes de la unidad BC-487 A1 recibieron la instrucción de trasladarse a los condominios Oceana, sobre las calles Roble y Mar Adriático, de la zona centro.

Los enviaron para atender el reporte que en la habitación número 712, había una persona agresiva, y en el interior se escuchaba una riña.

En el informe policiaco, los uniformados dijeron que al aproximarse vieron un hoyo en la pared, la puerta frontal abierta y desde dentro escucharon una voz pidiendo auxilio a gritos.

Al ingresar, sobre el pasillo principal, “a escasos 3 metros de distancia se encuentra tirado los que al parecer es una arma de fuego, motivo por el cual ingresan al apartamento y al realizar una inspección ocular”, reportaron los policías.

En la cocina del departamento, encontraron a “una persona del sexo masculino quien dijo llamarse Austin Waller, de 26 años de edad, mismo que se encontraba con golpes en el rostro y cuerpo y tenía una herida  cortante en el brazo derecho y de manera verbal nos manifestó ser ciudadano americano, y que la persona que le había ocasionado los golpes lo tenía privado de su libertad”.

Conforme al parte policiaco, la víctima dijo que el responsable era “El Cholo”, quien estaba en la habitación principal y vestía pantalón gris y camisa negra de camuflaje.

Los uniformados reportaron la captura de Hugo Reyes Almanza “El Cholo”, de 40 años, a las 17:35 horas del 25 de febrero y lo presentaron por lesiones y privación de la libertad.

Interrogado, el detenido empezó por negar que el arma fuera suya, sino que los policías se la sembraron, aunque admitió que tenía retenido a Austin Lee Waller en contra de su voluntad.

Detalló que ambos trafican droga a Estados Unidos, pero habían perdido un cargamento y el joven Lee quería ir por su mujer, para evitar que sus jefes se desquitaran con ella y huir. Pero Reyes lo obligó a quedarse para que respondieran juntos por la pérdida del enervante.

Uniformados investigados

Aunque la FGE ya trabaja en la solicitud de dos órdenes de aprehensión de dos sospechosos, la investigación ministerial indaga la posible intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad de Rosarito.

Primero, porque a partir del inicio del litigio por tierras, Diana Montes de Oca Ramos y su familia reportaron haber recibido amenazas en dos ocasiones: una de policías municipales de Rosarito, a los que no pudo identificar a pesar de que su hermano labora en la mencionada corporación; y la segunda advertencia llegó en voz de dos hombres, a los que también  mencionaron como desconocidos. Particularmente después de que el arma “apareció” en la escena del crimen intervenida por oficiales de la unidad BC-487 A1 en febrero.