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Rosarito

Cartel inmobiliario opera desde oficinas de gobierno: abogado litigante

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Mientras la Fiscalía lo niega, el abogado litigante Tomas de la Rosa Martínez, aseguró que el cartel inmobiliario opera en Rosarito y lo hace en complicidad con oficinas de gobierno como Catastro.
Durante una participación ante el grupo Unidos por Rosarito, el ex síndico procurador expuso el caso de un cliente a quien defendió en los tribunales tras sufrir el despojo de su propiedad.
“Desde los catastros municipales te cambian las claves catastrales con gran facilidad, con una simple información testimonial, ni siquiera ocupan la sentencia de un juez, con un cambio de nombre, de titular, con eso ya acreditan que alguien les vendió el predio y toman posesión, despojan a la otra persona”.
Refirió que, si bien el predio todavía “no sale a dominio pleno por parte del ejido Mazatlán”, el legítimo propietario tiene pagado el título que se escritura ante el Registro Agrario Nacional.
Curiosamente, para la Fiscalía Regional de Playas de Rosarito no se acreditó el delito de despojo porque el invasor nunca habitó el inmueble.
“Entonces, hablo yo con el fiscal regional y me dice que para él no hay despojo porque la persona nunca ocupó el predio. O sea, necesitan que la persona duerma en el terreno para que se configure el delito de despojo.
Presenté argumentos, presenté pruebas, seguro de que íbamos a acreditar el delito. Finalmente, sin tomar en cuenta ciertas pruebas, determinaron no turnar la carpeta de investigación ante el Juez porque no había delito a perseguir, que no procedía el ejercicio de la acción penal”, expuso de la Rosa Martínez.
Ante esta negativa, promovió un nuevo recurso legal de impugnación que se resolvió a favor de su cliente.
“Presento yo el recurso y afortunadamente el día de ayer tuve la audiencia y ganamos el recurso. El asunto se revocó. Afortunadamente me tocó un juez que no era del acordeón, que seguramente hubiera fallado a favor de la Fiscalía”, narró.
Tras la resolución a favor de su cliente, comenzó a recibir llamadas de la Fiscalía Regional invitándolo a resolver el conflicto mediante un acuerdo.
Entonces ya empezaron las llamadas de fiscalía, diciéndome, oye, hubiéramos dialogado… Yo estoy seguro que con toda la documentación de mi cliente le damos vuelta al asunto ante un juicio civil o agrario.
Luego me dicen que hubiera llevado el caso por el lado civil, o sea, hacerse a un lado es lo más fácil para ellos. Entonces, mucho ojo para los compañeros y propietarios de predios. Ese es el modus operandi en las dependencias”, advirtió Tomas de la Rosa Martínez.

 

 

 

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