Aclara Comité Pro Municipio información distorsionada sobre resolución de la SCJN

Por Juan Pablo Sebastián

El Comité Pro Municipio presidido por Miguel Ángel Lazcano Campos,  aclaró la información que Ensenada distorsionó, respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el conflicto territorial.

En conferencia de prensa, la defensa jurídica del Comité Pro Municipio y el Presidente de la Comisión de Límites Territoriales, Hugo Torres Chabert, precisaron que la invalidez del decreto 684 que en 2016 ratificó los límites, no significa que la SCJN haya dado la razón a Ensenada en el conflicto territorial.

Por el contrario, es muestra de que está respetando los antecedentes de límites territoriales establecidos en diferentes etapas históricas y políticas de conformación del Estado y el Municipio, pues con este fallo está decretando “dejar las cosas como están, hasta que el Congreso del Estado emita la Ley de Límites Territoriales o el llamado Estatuto Jurídico que según los abogados, simplemente deberá ratificar los limites ya establecidos desde hace más de 95 años mediante diferentes decretos, mismos que nunca han sido impugnados por Ensenada.

“Esta resolución no fue otra cosa que advertirle al Congreso del Estado que tiene de plazo el 31 de julio para terminar la Ley de Límites Territoriales, pero no pasa nada, no cambia nada, los limites siguen igual”, sostuvo Hugo Torres Chabert.

Recordó que los límites territoriales entre Tijuana y Ensenada existen desde 30 años antes que Baja California se convirtiera en Estado y en ese entonces fue fijado por el gobierno federal.

“En 1925 se determinó el límite territorial y es el mismo que tenemos hasta ahorita. Tenemos 95 años con ese límite territorial. No se ha movido. Ensenada nunca nos ha podido explicar cómo es que les quitamos territorio.

En 1947 fue ratificado y en 1953 que se creó el Estado, se fijó el mismo limite. Y después en 1995 cuando se hizo municipio Rosarito, se volvió a usar el límite. No ha cambiado nunca en esos 95 años. Todo sigue igual, falta nada más que el Congreso expida la Ley de Limites, que cumpla con lo que le ordenó la SCJN”, sostuvo Torres Chabert.

Por su parte, el abogado José Luis Ibarra Arenas, agregó que dejar sin efectos el decreto 684 significa “dejar los límites como estaban antes, volver al estado original. No hay ninguna afectación a los límites. Lo que trae como consecuencia es que prácticamente el Congreso cumpla con elaborar el Estatuto Jurídico Territorial que se auto ordenó crear desde el 2001”.

Los activistas lamentaron que ni el Ayuntamiento de Rosarito ni el diputado local por Rosarito Ignacio García Dworak, han tenido el  interés ni la voluntad de interceder ante el Congreso del Estado para que se cumpla con el mandato de la SCJN, pues en ningún momento han hecho pronunciamientos para exigir al Congreso del Estado cumplir con el mandato de la SCJN.