Niega Gobernadora ruptura con el poder judicial de BC

Por Juan Pablo Sebastián

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda negó que exista una ruptura con el poder judicial de Baja California tras la aprobación de la Reforma al Poder Judicial y su progresiva implementación en la entidad.

Luego de la reunión a puerta cerrada que sostuvieron jueces locales con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California en Rosarito, Marina del Pilar aseguró que existe una excelente coordinación con los jueces y magistrados para sacar adelante la reforma que se habrán de impulsar para armonizar la ley federal.

“Yo creo que nunca había existido tan buena relación entre el poder judicial con el poder ejecutivo de Baja California como lo hay ahora”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que no vislumbra un paro de labores en el poder judicial de Baja California, toda vez que la reforma no afectará a los trabajadores.

“Ya se los hemos dicho, la reforma no afecta a los trabajadores. Es más, los requisitos para ser jueces y magistrados son exactamente los mismos. La diferencia es que ahora los va a elegir el pueblo y no en lo oscurito. Antes se vendían los exámenes para los jueces y magistrados en 180 mil pesos.

Ahora va a ser incluso más fácil poder ser juez o magistrado. A los jóvenes estudiantes decirles eso, que ahora van a tener más oportunidad de convertirse en jueces o magistrados con esta reforma. Hay gente que lleva toda la vida en el poder judicial federal queriendo crecer y nunca llegan porque no tienen las influencias necesarias.

Esto les va a brindar la oportunidad de participar. Se va a abrir el proceso. Va a ser democrático. El pueblo va a elegir. Serán los mismos requisitos, pero con el pueblo. Entonces, la reforma viene. La vamos a trabajar en comunicación con el poder judicial. El próximo año será la primera la elección”, expuso Marina del Pilar.

Por su parte, el consejero jurídico de Baja California Juan José Pon Méndez aseguró que el poder judicial de Baja California está consciente de que esta reforma no afectará su autonomía y que seguirá conservando su poder y autonomía, solo que ahora con jueces y magistrados electos por la ciudadanía.

Lo que la reforma busca con el voto popular, dijo, son tres objetivos:

“Uno es legitimar a la persona que va a administrar justicia, respaldar las decisiones que tome.

Dos, crear un vinculo con la sociedad, que exista una respuesta social al tipo de decisiones que tomen. No se busca que las decisiones se tomen por presión social o por mayoría de la sociedad, sino por sentido común. Recordemos que el derecho es lógico. Muchas veces no entendemos por qué se toman ciertas sentencias y eso es porque los jueces están acostumbrados a no dar explicaciones. Simplemente toman las decisiones porque han tenido esa facultad de tomarla sin justificarla.

Y en tercer lugar, se busca lograr un mecanismo de control social, que si no están cumpliendo los jueces y magistrados, que sean removidos”, detalló.