Rosarito, impuestos y la economía del miedo

Por Armando Ramírez Muñoz

Playas de Rosarito enfrenta un comienzo de año marcado por “tensiones fiscales y reclamos sociales”. La aprobación de la Ley de Ingresos 2026 ha puesto sobre la mesa un debate que va más allá de cifras y tasas: ¿Qué significa realmente pagar impuestos en un contexto donde muchos sienten que contribuyen más de lo que deberían?

A finales de 2025, el sector empresarial y ciudadanos manifestaron su descontento por los incrementos en el valor catastral y el predial, advirtiendo que estos ajustes representan una carga adicional significativa sobre hoteles, comercios y propiedades locales, en un momento en que la economía turística aún se recupera de retos recientes. 

Ese descontento no se quedó en comentarios. Residentes y asociaciones, como Kminando Juntos Rosarito,  presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, contra la Ley de Ingresos por considerarla injusta y desproporcionada, acompañada de firmas ciudadanas que buscan incluso una revisión constitucional. 

Además, movimientos sociales organizaron protestas contra el aumento del impuesto predial,  llamando incluso a la desobediencia civil pacífica como forma de resistencia a lo que perciben como un “exceso recaudatorio”.

En medio de este clima, el Ayuntamiento promovió beneficios como descuentos por pronto pago del predial, (10 % en enero, 7 % en febrero y 5 % en marzo), intentando contrarrestar la percepción de que los contribuyentes están siendo obligados a pagar más de lo que deberían. 

Lo que ocurre en Rosarito es la manifestación local de una tendencia más amplia: el cumplimiento fiscal ya no se sostiene tanto en la certeza jurídica como en la presión administrativa.  Cuando los ciudadanos sienten que la autoridad puede interpretar el marco normativo de manera amplia y que incumplir podría desencadenar sanciones, recargos o problemas administrativos— la respuesta natural muchas veces no es buscar claridad, sino “pagar por anticipado, incluso cuando no corresponde”.

Este fenómeno se agrava cuando la comunicación de las autoridades “no acompaña con explicaciones claras” sobre por qué se hace un ajuste y cómo se traduce en beneficios concretos para la comunidad. En Rosarito vemos obras y proyectos que buscan mejorar la infraestructura urbana y el turismo, pero las inversiones como la rehabilitación de calles, espacios públicos o el impulso al Tianguis Turístico, no siempre están siendo percibidas como vinculadas directamente a los impuestos que se cobran. 

Al final, el reto para 2026 en Rosarito no es solo “cobrar bien”, sino cobrar con legitimidad. Los gobiernos, tanto municipal como estatal y federal, necesitan construir puentes con los ciudadanos para explicar qué se recauda, cómo se invierte y por qué el contribuyente debe confiar en esa inversión.

De no hacerlo, el resultado puede ser peor que una baja recaudación: una ciudadanía fiscalmente activa guiada por el temor y no por el entendimiento, pagando más de lo que la ley les exige, porque es “más seguro” hacerlo que enfrentarse a la autoridad.  Y eso, en una ciudad con vocación turística y pujante como Rosarito, corre el riesgo de minar la confianza y el desarrollo económico local.