Por Juan Pablo Sebastián
Con el fin de incluir la gratuidad y la inmediatez en la expedición de las credenciales y tarjetones “azules”, la comisión de atención a personas con discapacidad, que preside el regidor Manuel Salazar Martínez trabaja en una propuesta para modificar el artículo 13 del reglamento de atención a personas con discapacidad.
Precisó que la reforma al reglamento de atención a personas con discapacidad del Ayuntamiento de Rosarito, tiene como objetivo precisamente eliminar el burocratismo y agilizar la expedición de los gafetes, de tal manera que sean entregados el mismo día y gratuitamente.
Durante su exposición ante el grupo Madrugadores que preside Carmen de la Toba, el empresario gastronómico detalló que actualmente el tarjetón y la credencial tienen costo y su expedición está supeditada al criterio de la persona que los emite, sin tomar en cuenta los estándares internacionales en la materia.
Consideró incongruente que mientras el gobierno no ofrece a los discapacitados oportunidades laborales ni programas de atención, les cobre por un derecho y además los haga sufrir con el burocratismo y la tardanza en la expedición de estos documentos.
Durante su exposición, el regidor independiente cedió la palabra a Eduardo López Ruiz, un activista con discapacidad que trabaja en la creación de nuevos sistemas y programas asistenciales en beneficio de las personas con discapacidad.
También trabaja en el desarrollo de un análisis y diagnóstico sobre las características y condiciones sociodemográficas de las personas con discapacidad que viven en Rosarito, que sirva como base para la elaboración de programas locales y políticas públicas.
Dijo que actualmente las cifras que manejan las instituciones gubernamentales no coindicen.
Mientras el INEGI establece que en Rosarito el 5.8% de la población padece algún tipo de discapacidad, el DIF solo tiene contemplados menos de 1000 personas.
Esto sucede debido a la disparidad en los criterios que aplica cada organismo, toda vez que no se considera el término de movilidad reducida en la elaboración de estos datos estadísticos, pese a que gran parte de la población que ingresa a la etapa de envejecimiento lo padece.
Por otro lado, criticó la insensibilidad de los gobiernos locales para atender la disposición legal que obliga a los Ayuntamiento a incluir en su nómina de empleados a por lo menos el 2% de personas con discapacidad.
El Ayuntamiento de Rosarito solamente tiene el 1.5% de personas discapacitadas en la nómina y esto se debe principalmente a motivos políticos, debido a que da preferencia a los allegados o militantes de los respectivos partidos políticos.
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