Armando Ramírez Muñoz
Las autoridades podrán requerir a instituciones públicas y privadas la información sobre registros vehiculares, telefónicos, inmobiliarios, fiscales y penitenciarios, conforme a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum ante la Cámara de Diputados.
Así lo advirtió el contador público certificado Armando Ramírez Muñoz, quien señaló que la iniciativa pretende “establecer un marco jurídico para regular la obtención, análisis y uso de la información en la generación de inteligencia, con el fin de que el gobierno disponga de herramientas para combatir la delincuencia”.
Agregó que este sistema nacional se conformará mediante la interconexión de estructuras de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la SEDENA, La Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías y procuradurías estatales, secretarías de seguridad estatales y municipales, así como penales federales, estatales y municipales.
Asimismo, mediante convenio, podrán interconectarse la Secretaría de Gobernación, Hacienda, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Cancillería, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Agencia de Transformación Digital, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los registros públicos y catastros.
Con ello, la ley de seguridad enviada por la presidenta a San Lázaro, busca fortalecer el modelo de “policía guiada por la inteligencia”, en reemplazo del modelo de “policía orientada a los problemas”.
La exposición de motivos del proyecto de decreto señala que dicho modelo fue presentado en el 2000 como el referente nacional para Inglaterra y Gales por la Association of Chief Police Officers (ACPO).
El esquema de “policía guiada por la inteligencia” surgió ante la necesidad de hacer más eficaz la lucha contra la delincuencia con la mayor eficiencia posible.
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