Por Juan Pablo Sebastián
Pese a que el abuso sexual dejó de ser delito grave en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, la Subprocuraduría de Justicia de Rosarito solicitará al juez de control apresurar la audiencia de imputación en contra del conserje acusado de abusar sexualmente a menores del jardín de niños María Lavalle Urbina de la colonia Constitución.
La solicitud es en base a dos de las cinco carpetas de investigación que se habían abierto hasta ese día en la PGJE, de niñas de entre 4 y 6 años de edad que aseguraron haber sido tocadas lascivamente y amenazadas.
Este tipo de delitos no amerita prisión preventiva. Sin embargo, toda vez que el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando se presenta un peligro de parte del imputado por sustraerse de la justicia… en base a eso lo vamos a solicitar”, sostuvo en reunión en las instalaciones de la PGJE, en donde estuvieron presentes medios de comunicación, a solicitud de los padres de las víctimas.
La Subprocuradora de Justicia explicó a los padres de familia el motivo por el cual fue liberado de manera inmediata el acusado, dejando claro que han puesto una especial dedicación en las investigaciones para avanzar lo más pronto posible en la aplicación de la justicia.
“La situación por la cual no tenemos detenida a la persona es porque no tenemos el medio legal para detenerla, que es la flagrancia.
Lamentó que de no haber sido por la existencia de varias denuncias, hubiera sido imposible de mantenerlo en prisión preventiva, máxime porque no le han encontrado antecedentes penales similares en los otros planteles donde estuvo trabajando.
Padres de familia no dejaron de expresar su indignación por los beneficios que la ley otorga al acusado, pese a la gran cantidad de denuncias que pesan en su contra.
Una madre reprochó que mientras las autoridades investigan, el acusado ande suelto y probablemente haciendo daño a otros niños.
La Subprocuradora dijo entender la posición de los padres de familia, pero aclaró que solo actúa en base a derecho.
La alcaldesa Mirna Rincón Vargas dispuso dos patrullas municipales para vigilar el domicilio del acusado, en tanto que el Delegado del Gobierno del Estado Silvano Abarca Macklis anunció que solicitará por su cuenta agilizar el proceso para que se castigue al responsable.
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