Por Juan Pablo Sebastián
EL Gobernador Jaime Bonilla Valdez reafirmó su postura de defender las finanzas públicas del contrato “irresponsable”, que promovió la anterior administración para la construcción de la planta desaladora en Rosarito, pues garantizaba ganancias para los socios y pérdidas para el gobierno y los ciudadanos.
“No me van a asustar, nos vemos en la Corte”, sostuvo Jaime Bonilla al ser cuestionado durante una transmisión en vivo sobre el pago que está exigiendo al gobierno la empresa promotora del proyecto, por 56 millones de dólares para recuperar lo invertido, luego de la rescisión del contrato para desarrollar la planta.
Jaime Bonilla cuestionó la postura de empresa como infantil, al exigir el reembolso del dinero a pesar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucionales varias acciones del gobierno anterior, entre ellas la “desaladora”.
“Se estaba comprometiendo las finanzas para pagar por cierta cantidad de agua, se usara o no, y obligaría a la CESPT a pagar mensualmente 200 millones de pesos que acabarían con sus recursos”, apuntó.
“No se puede comprometer el ingreso de los bajacalifornianos, que necesitan recolección de basura, seguridad y alumbrado”, sostuvo Jaime Bonilla al acusar que el gobierno anterior tenia intereses con la empresa, “que no ha puesto un solo tubo, un solo clavo”.
El Gobernador reconoció que el agua es una necesidad en Baja California, pero “ese no era el camino”, pues fue una Asociación Público Privada “mal dirigida”.
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