No hubo violación, solo abuso sexual

Por Juan Pablo Sebastián

La Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) informó que las carpetas de investigación que se han iniciado hasta ahora por los casos de niñas del jardín de niños María Lavalle abusadas sexualmente, son propiamente por el delito de abuso sexual y no por violación.

Esto quiere decir que ninguna de las víctimas fue sujeta a penetración de índole sexual, solo a tocamientos físicos.

Las autoridades investigan también las amenazas.

De acuerdo con autoridades de  la PGJE, estos hechos son los que han marcado la diferencia en la aplicación del castigo que los padres de familia desean, pues mientras la violación sigue siendo un delito grave, el abuso sexual ya no lo es bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal y no amerita prisión preventiva.

Hasta el jueves 24 de mayo, la unidad de atención a delitos sexuales de la PGJE había recibo 5 denuncias de menores, pero solamente dos de ellas se habían integrado en carpetas de investigación con los elementos suficientes para solicitar la judicialización.

Una sexta denuncia llegó en los últimos días, pero fue desechada por carecer de elementos.

La PGJE estaba en espera de la respuesta del juez de control a la solicitud de audiencia de imputación donde se solicitará además la prisión preventiva para el imputado.

Mientras los padres de familia esperan la aplicación de justicia, las actividades en el jardín de niños María Lavalle Urbina volvieron la normalidad, pese a que algunos padres pidieron la suspensión de clases hasta en tanto no se garantice la seguridad de los menores.

La nueva directora ya está al frente del plantel, no así la nueva conserje, que es licenciada en sicología, quien hasta el jueves 24 de mayo aun no hacía acto de presencia, pese a que así lo anunció la Delegada Martha Xóchitl López Félix.

También anunció la delegada del SEE, que solicitará evaluación sicológica a los conserjes y cumplir con los protocolos para detectar cualquier anomalía que afecte a los alumnos.

 quien fue clara con los padres de familia al señalarles que por motivos presupuestales y de violencia, era imposible mantener cámaras de video vigilancia en todos los planteles escolares, toda vez que los delincuentes se las roban.