Por Juan Pablo Sebastián
La Procuraduría General de la República deberá investigar el desvío de 36 mil millones de pesos del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud en 11 estados del país, tras 22 denuncias penales presentadas por las organizaciones “Justicia Justa e Impunidad Cero”.
Según publicaciones en medios nacionales, Jacqueline Peschard, Federico Reyes Heroles y Luis Manuel Pérez de Acha, integrantes de las asociaciones mencionadas, presentaron las denuncias el pasado miércoles 28 de octubre ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la PGR.
Las investigaciones se derivan de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, las cuales detectaron desfalcos de recursos públicos federales que nunca llegaron a sus beneficiarios, entre 2012 y 2016.
Las denuncias corresponden a los estados Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco.
“Los delitos por los que se presentaron las acusaciones son peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades”, detallan los reportes periodísticos.
Entre las irregularidades detectadas destacan los contratos celebrados con empresas fantasma, pagos carentes de documentación comprobatoria, sobreprecios pagados por los estados y no enterar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud.
Cabe mencionar que éstas denuncias se suman a las que fueron presentadas el pasado 16 de octubre en contra de los estados de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz, por un presunto desvío de 50 mil millones de pesos que habrían sido sustraídos de los mismos fondos presupuestales.
“En 2017, el Seguro Popular contaba con 53.5 millones de beneficiarios a nivel nacional. Por cada afiliado, el Gobierno Federal aportó 2 mil 603 pesos”, agregaron los reportes.
En Baja California, la actual Presidenta Municipal Mirna Rincón Vargas fungía como Directora del Seguro Popular durante el periodo cuando fueron detectados los desfalcos.
Medios locales reportaron en su momento las observaciones detectadas y los personajes involucrados, entre ellos Luis Enrique Díaz Félix, quien según testigos, era quien negociaba, palomeaba y programa los acuerdos con proveedores, en común acuerdo para obtener ganancias de los contratos y repartirlos entre un grupo de funcionarios corruptos.
El semanario ZETA documentó una red de sobornos y extorsiones que se hacía a los proveedores del Seguro Popular, los famosos moches donde participó Luis Enrique Díaz Félix.
La publicación reveló que durante el último año de Mirna Rincón como Directora del Seguro Popular, auditorías federales hallaron 233 millones de pesos no ejercidos, 13 millones más destinados a remuneraciones a servidores públicos fuera de lo establecido, además de una transferencia de 10 millones de pesos al Hospital de Salud Mental de Tijuana, cuyo tesorero era su hermano Jesús Octavio Rincón Vargas.
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