Como justicia a medias calificó la señora Maritza Cisneros Orci la decisión del Juez de Control Víctor Manuel N en una audiencia dentro un conflicto por la posesión legal de un local comercial en Quinta Plaza.
De acuerdo con información aportada por la demandante, en la causa penal CP 125/2024, el juez de control autorizó la suspensión condicional del proceso a favor de Jaime Manuel, acusado de despojo del local comercial que Maritza Cisneros Orci reclama como suyo.
La defensa propuso no molestar a la víctima, no acercarse durante seis meses al establecimiento y restituir definitivamente el local 19-A.
Sin embargo, la representación jurídica de Maritza Cisneros señaló que la devolución del inmueble no cubre la totalidad del daño económico.
En la carpeta de investigación se habría acreditado una afectación de 9 mil 148.99 dólares por ingresos generados durante el tiempo en que la víctima estuvo privada de la posesión del local.
Además, se presentó como prueba superveniente un cobro por 80 mil 340 dólares en supuestas multas y cuotas de mantenimiento exigidas por Gibraltar S.A. de C.V., empresa que, según la representación jurídica, era administrada por el propio acusado.
La defensa de Maritza sostuvo que no debería responder por cobros generados mientras no tuviera el inmueble en su poder.
Pese a ello, el juez determinó que esas cantidades tendrían que reclamarse por otra vía y autorizó la suspensión del proceso.
¿Puede hablarse de reparación integral cuando la víctima recupera el local, pero conserva pérdidas y adeudos presuntamente generados durante el despojo de la posesión?, cuestionó la publicación digital Sin Censura BC.
Al no quedar conforme con el fallo del juez, Maritza Cisneros Orci adelantó que apelará esa decisión, pues consideró que no le están subsanado todos sus derechos
“Me están cobrando más de 80 mil dólares en mantenimiento cuando ellos tenían en posesión y además rentando mi local”, indicó.
Aunque el juez dispuso la restitución del local a Maritza Cisneros Orci en un plazo no mayor de 72 horas, el recurso de apelación prolongará el proceso con nuevas audiencias para reclamar los daños ocasionados por el despojo.
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