Por Juan Pablo Sebastián
Para la Directora del Centro de Defensoría Técnica de Derechos Humanos de Baja California, Sandra Elena Esquer Montoya, el déficit de presupuesto no justifica la falta de una unidad de servicios periciales en Rosarito.
Al asistir de invitada con el grupo Madrugadores, la también abogada penalista consideró que por el hecho de ser un municipio independiente, Rosarito debe contar con todos los servicios que presta la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dijo que en la legislatura pasada, promovieron un extrañamiento para solicitar a la PGJE la instalación de la unidad de servicios periciales, evidentemente sin ninguna respuesta.
“Por cuestiones técnicas la PGJE nos sigue manejando como una ciudad colindante a Tijuana. Rosarito no se ha desligado completamente de Tijuana.
En la anterior legislatura hicimos la propuesta de un extrañamiento a la PGJE para crear la unidad de periciales, sí se hizo, pero al día de hoy vemos no hay respuesta por falta de presupuesto. Y la verdad no es justificable, porque si ya existe una unidad de la PGJE en Rosarito, debe estar cubierta en todo.
Vemos que siguen tardando hasta 12 horas en recoger los cuerpos en Rosarito, porque los especialistas de Servicios Periciales vienen de Tijuana. Tardan incluso dos semanas en recoger evidencias de robos a casa habitación…”, lamentó Sandra Esquer, quien insistió en la necesidad de contar con una unidad de servicios periciales en Rosarito.
Durante su exposición, la especialista habló sobre otras deficiencias en el sistema de impartición de justicia, como la reinserción social en las cárceles, la falta de oportunidades para los jóvenes que son presa de la delincuencia y respondió algunas dudas sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
También puso a disposición de la comunidad los servicios de asesoría y defensa legal que presta la asociación civil que dirige y que pronto abrirá sus puertas en Rosarito de manera fija, en la colonia Benito Juárez.
“Es la falta de sociabilizar con el Nuevo Sistema de Justicia. Muchos piensan que es una puerta abierta al delincuente, pero la realidad es que es una forma de solucionar conflictos, inclusive se prevé disminuir juicios penales y optar más por la reparación del daño”, expuso.
Entre tantos aspectos que la comunidad desconoce sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, destacó la obligación que tiene el Ministerio Público de notificar a la víctima de un robo sobre los criterios de oportunidad que le puede imponer al acusado, antes de que lleve a cabo la resolución.
De esta manera la víctima puede decidir si lo acepta o no, pues en muchos casos las víctimas son notificadas del criterio de oportunidad (libertad) que le otorgaron al acusado cuando ya está hecha la resolución.
En todo caso, dijo que las víctimas tienen el derecho de interponer una demanda en el Ministerio Público por no integrar correctamente la investigación y no notificarle antes de los criterios que otorga al acusado.
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