Es Araceli Brown culpable de los daños causados por el intento de expropiación

A casi dos años del intento de expropiación de los predios de la familia Tejeda, el proceso legal de defensa promovido por los afectados continúa, pero está llegando a su etapa final.

Apoyados por el actual gobierno municipal, que desde un principio mostró su postura en contra de la expropiación, la familia Tejeda, con la asesoría de expertos jurídicos, analiza el último paso para invalidar el intento de expropiación y poder liberarse, al fin, de la costosa defensa legal.

Mientras tanto, la controvertida obra de remodelación del IMAC permanece detenida desde hace meses, sin que la SEDATU brinde una explicación oficial. Sin embargo, en la comunidad es bien sabido que la principal responsable de los daños a las áreas verdes y de las afectaciones a la familia Tejeda tienen nombre y apellido: Araceli Brown Figueredo, promotora de la expropiación.

Incluso, ciudadanos esperan que las autoridades federales le finquen responsabilidades por los perjuicios causados a terceros y al erario debido a la mala planeación de la obra, la cual consideran producto de un simple capricho.

Un capricho que reemplazó las áreas verdes con enormes pilares y explanadas hechas con toneladas y toneladas de cemento, eliminando casi por completo el histórico y pintoresco parque Abelardo L. Rodríguez, que durante décadas fue un espacio de recreación para muchas familias.

“Destruyó la historia de Rosarito”, lamenta Alfredo Tejeda, al recordar con nostalgia los momentos que pasó en aquel pequeño pero acogedor parque.

Gestores de recursos federales aseguran que la mala planeación de la obra debe tener repercusiones para el promotor de la obra, tanto por no cumplir con los tiempos de ejecución de los recursos como por entorpecer su desarrollo con una expropiación sin fundamento legal.

“Hubiera sido la cancha de skate más cara del mundo o la ventana al mar que más afectó a una familia. Yo creo que ningún gobierno había causado tanto daño a una familia como el gobierno de Araceli Brown.

No se justificó el bien mayor por el bien menor, porque habiendo tantas necesidades en Rosarito, una cancha de skate no es tan necesaria, ni tampoco una ventana al mar. Decía que faltaba acceso a la playa, pero hay dos calles que bajan a la costa”, expresó Alfredo Tejeda. 

El último paso en su defensa legal es la documentación oficial de la nulidad de la declaratoria de utilidad pública del predio sujeto a expropiación, lo que está frenando la resolución final del caso. No obstante, confía en que, gracias a la disposición de la actual alcaldesa Rocío Adame Muñoz, el proceso pronto llegará a su fin.

Mientras tanto, los gastos legales para la familia Tejeda siguen corriendo. Cada mes desembolsan 700 dólares en honorarios de abogado, además de los costos iniciales del proceso, el amparo, el pago a peritos topográficos, trámites y viáticos asociados a su defensa legal.