Por Juan Pablo Sebastián
La Policía Municipal, la PGJE y el Sistema Educativo Estatal son las tres dependencias que enfrentan la mayor cantidad de quejas ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.
Así lo señaló la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera Rodríguez, el miércoles 7 de noviembre al asistir de invitada con el grupo Madrugadores que preside Carmen de la Toba.
Detalló que la mayor parte de las quejas contra policías municipales son principalmente por abusos y detenciones arbitrarias.
Personalmente ha recibido quejas de mujeres que aseguraron haber sido detenidas ilegalmente por agentes policíacos que tienen alguna relación de amistad con sus agresores o parejas.
En el caso de las quejas contra la PGJE, la mayor parte son por omisiones en los procesos de investigación de denuncias presentadas, en tanto que las quejas en contra del Sistema Educativo Estatal son principalmente por omisiones de los maestros para atender los casos de acoso escolar e incluso por expresiones de violencia hacia los mismos alumnos.
En lo que va del año, la PEDH ha abierto alrededor de 44 expedientes en contra de estas dependencias en Rosarito, de las cuales, el 60% se resolvieron de manera positiva sin llegar a las recomendaciones.
“Honestamente sigue siendo la policía municipal la que está a la cabeza en quejas ante la PEDH, por eso siempre hemos estado pidiendo mayor capacitación y formación en temas derechos humanos para los agentes. Hace falta mucho para fortalecer a la Policía de Rosarito”, sostuvo la defensora de los derechos humanos.
También informó de los casos recurrentes de violencia obstétrica que sufren las mujeres en los hospitales públicos.
Destacó cuatro casos en Baja California de violencia obstétrica que derivaron en la muerte de los bebés, incluyendo un caso en el Hospital General de Rosarito.
En estos cuatro casos se emitieron las recomendaciones con la respectiva reparación del daño para las víctimas.
“Nos hemos pronunciado por varios casos de violencia obstétrica que indican que esta forma de violencia institucionalizada se sigue repitiendo. Son casos donde hay trato deshumanizado a las mujeres antes, durante y después de un parto. Llevamos cuatro recomendaciones, la primera se emitió contra el Hospital General de Rosarito”, abundó.
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