Por Juan Pablo Sebastián
En el abandono se encuentra el edificio que albergaría entre otros proyectos truncados, una estación de bomberos, un dispensario médico y casas para policías en el fraccionamiento Cumbres del Mar de Plan Libertador.
Tres administraciones han pasado y la investigación contra los gobiernos responsables del fraude cometido con predios públicos municipales, parece haberse archivado, mientras que los malvivientes están invadiendo el edificio viejo.
Originalmente, en ese predio propiedad del gobierno municipal, se inició durante el gobierno de Javier Robles, el proyecto de lo que sería una subestación de bomberos y un dispensario médico, anunciándose una inversión de 2.5 millones de pesos del Ramo 33.
Por razones desconocidas, solo se construyó el inmueble que albergaría la subestación de bomberos. Incluso se anunció su apertura, pero solo por unos cuantos días, pues luego quedó abandonada.
“En vista de que la estructura que se construyó quedó muy amplia para el dispensario, se planteó la posibilidad de que también albergara la subestación de bomberos, la cual ya entró en operaciones, aunque para el caso de la atención médica, se determinó que iniciará sus servicios posteriormente, pues actualmente no se cuentan con recursos para ello”, anunció en su momento el regidor de salud Felipe de Jesús Mayoral Mayoral.
Al quedar inconcluso este proyecto, en la siguiente administración que encabezó Silvano Abarca Macklis, el regidor Maximiliano García Gaxiola del PRD, promovió otro proyecto para ese predio.
En asociación con una Sociedad Hipotecaria Federal, celebraron un contrato para la construcción de “viviendas dignas para policías y bomberos”.
El VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito aportó el terreno de 15,355.57 metros cuadrados y la Sociedad Hipotecaria Federal sería la responsable de construir viviendas “dignas y a precios accesibles para los empleados municipales”.
El “Programa de Vivienda” contemplaba en su primera etapa la construcción de 42 viviendas, cada una de ellas en un terreno de 90 metros cuadrados, consistiendo en 2 recamaras, baño, sala, comedor, cocina y garaje”.
Sin embargo, el proyecto quedo inconcluso tan pronto comenzaron a surgir acusaciones de fraude con predios municipales, pues aparentemente la Sociedad Hipotecaria era ficticia y estaba vendiendo casas extremadamente pequeñas a precios elevados, considerando que el Ayuntamiento aportó los terrenos.
Derivado de este contrato leonino, el gobierno del Silvano Abarca y tres de sus funcionarios fueron denunciados por fraude.
La denuncia fue interpuesta por la Sindicatura municipal ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado en Rosarito y quedó asentada bajo el expediente 0205-2017-01133 del SEJAP.
Se les acusaba de haber gestionado recursos por cuatro millones de pesos utilizando como garantía hipotecaria, un predio perteneciente al inventario de bienes inmuebles públicos.
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