Por Juan Pablo Sebastián
El Director General de Funerales San Gabriel Gerardo Arguiléz Álvarez pidió al gobernador electo Jaime Bonilla Valdez asumir como Estado su obligación de administrar la aplicación de justicia y terminar con el “contubernio” que existe entre SEMEFO y funerarias particulares en los servicios de procesamiento de cadáveres.
Dijo que se trata de una vieja demanda que ninguna administración panista ha tenido a bien atender pese a las reiteradas peticiones de ciudadanos y grupos organizados de Rosarito como Salvador Ochoa Fajardo, quien a nombre de la agrupación de adultos mayores “Al encuentro del ocaso”, ha venido denunciando por años cobros indebidos y exagerados por la entrega de los cadáveres a los familiares.
“Cuando por alguna razón el cuerpo lo llega a recoger el SEMEFO, hay trabas para que los familiares puedan retirarlo, quienes finalmente vienen pagando entre 5 y 6 mil pesos para poder sacarlo, porque les cobran el levantamiento y la embalsamada.
Eso no debe ser, primero, porque tiene que haber la autorización del disponente secundario y si no existe esta autorización, no lo deben de preparar, pero aquí en Rosarito no les piden la autorización a los familiares, simplemente embalsaban el cuerpo y luego cobran a los familiares y eso repercute en el bolsillo del familiar”, denunció.
Como lo han venido denunciando ciudadanos afectados, esto se debe al contubernio que existe entre SEMEFO y la funeraria particular para hacer negocio a costa de los momentos más difíciles que viven las familias con la pérdida de un ser querido.
“Ojalá que el nuevo gobierno tome medidas al respecto, y como ocurre en otros estados, el gobierno se haga cargo de estos servicios, como en Jalisco, donde el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se encarga de todo, o como ocurre en la Ciudad de México, donde Servicios Periciales se encarga de todo y no tiene que estar concesionando servicios a funerarias particulares en perjuicio de terceros
Es algo en lo que hemos venido trabajando a nivel estatal, porque no debe ocurrir. Los servicios de administración de justicia como son los servicios periciales, no tienen por qué tener cargo a los familiares, bajo ninguna circunstancia, cuando mucho, como pasa en Tijuana, pagan 1000 pesos por levantamiento, pero hasta ahí”, señaló.
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