La Fiscalía Regional de Playas de Rosarito confirmó que existe una investigación relacionada con la posesión de una parte del predio donde se edificará la planta desaladora.
Tan pronto comenzaron los trabajos topográficos y la preparación del terreno con movimientos de tierra y excavaciones, al mismo tiempo surgió la noticia de una denuncia por fraude en contra del Ejido Mazatlán.
De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias AFN, la denuncia se refiere una acusación “por fraude, falsificación de documentos y uso de documentación falsa, presentada ante la Fiscalía General del Estado contra el Ejido Mazatlán, por un caso relacionado con terrenos donde se proyecta construir una parte de la nueva desaladora”.
Según la publicación, el controversial ex secretario de seguridad pública de Rosarito Francisco Castro Trenti, es el representante legal del denunciante, identificado como Mónico Valdivia.
La información refiere que en 1941 el entonces presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, expidió un Certificado de Derechos Agrarios al padre del denunciante, de nombre Pilar Valdivia, sobre el ejido referido.
“Al reverso del documento, el hombre anotó los nombres de su esposa y seis de sus hijos, quienes serían los herederos de las 40 hectáreas tras su fallecimiento”.
Sin embargo, señaló Castro Trenti en la nota periodística, “en noviembre de 1980 se envió un documento al delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, en el que el ejidatario presuntamente reconocía como sucesor solamente a uno de sus hijos, quien no figuraba en la lista original de herederos”.
“Esta nueva designación, indicó el denunciante, constituyó un fraude, pues el hijo señalado y otros ejidatarios habrían falsificado la firma del propietario legal del Ejido Mazatlán para excluir al resto de sus hijos de la herencia”.
“Tras la muerte del titular del Certificado de Derechos Agrarios, el hijo comenzó a vender lotes a particulares, en los que actualmente se está construyendo una parte de una planta desaladora”, agrega la nota.
Mientras tanto, la organización de obreros que buscan empleo suma ya alrededor de 250 personas en espera de una oportunidad laboral.
Solo están pendientes del arranque de los trabajos y la contratación del personal, pues consideran que una obra de gran impacto para la comunidad como es la planta desaladora, no puede detenerse por un conflicto particular, dado que además de beneficios económicos, los beneficios en abastecimiento de agua potable son mucho más grandes.
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