El error está reconocido ahora toca corregir la Ley de Ingresos 2026

Las recientes declaraciones de regidoras y regidores del Ayuntamiento de Rosarito confirman una preocupación legítima y fundada de la ciudadanía: la Ley de Ingresos 2026 presenta errores técnicos, desproporciones y deficiencias en. su diseño y sustentación.

La presión social ha generado explicaciones y disculpas públicas, sin embargo, las disculpas, por sí solas, no corrigen una norma fiscal ni reparan los efectos económicos que puede producir en la población y en el sector productivo. El ejercicio del gobierno exige no solo reconocer errores, sino corregirlos de manera oportuna y responsable.

Argumentar que el Cabildo “solo votó para enviar la ley al Congreso” no elimina la corresponsabilidad institucional. Del mismo modo, aceptar públicamente una equivocación debe traducirse en acciones concretas de corrección, especialmente cuando se trata de un instrumento que impacta directamente en el patrimonio de las personas.

En este contexto, resulta grave que una de las principales responsables técnicas haya logrado pasar prácticamente desapercibida.

La Tesorera Municipal, Daniela Lizbeth Urías Barajas, tenía la obligación legal y profesional de garantizar que la Ley de Ingresos fuera técnicamente sólida, financieramente viable y socialmente proporcional.

No ocurrió. La titular de la Tesorería Municipal se ha mantenido al margen del escrutinio público, mientras el Cabildo enfrenta el costo político de una ley mal construida. Esa omisión no es menor: los errores técnicos también generan daño social.

Es importante recordar que su nombramiento fue avalado o ratificado por el propio Cabildo, por lo que, si se argumenta que existió inducción a error o deficiencia técnica en la conducción de la Hacienda Pública Municipal, las y los regidores tienen en sus manos la solución, siempre que se empoderen de la decisión que en su momento tomaron y actúen conforme a sus atribuciones legales para corregir el rumbo, sin trasladar el costo de esos errores a la ciudadanía.

En ese sentido, la asociación Tierra Colectiva espera que durante la mañana de este 30 de diciembre de 2025, y de conformidad con los compromisos públicos asumidos el día de ayer, se haya reunido la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, a fin de analizar con responsabilidad institucional las deficiencias señaladas y activar de inmediato las acciones que legalmente correspondan.

La urgencia del calendario obliga a que dichas acciones se conduzcan con seriedad, transparencia y apego a derecho, considerando los dos escenarios jurídicos posibles que se exponen a continuación.

ACTUACIÓN INSTITUCIONAL IMPOSTERGABLE

Dado el calendario legal, aún existe un margen breve pero real de actuación antes de la conclusión del año. En este periodo, el Cabildo puede y debe ejercer sus atribuciones para:

• Convocar a una sesión extraordinaria, con el objetivo

específico de dejar constancia institucional de las

deficiencias detectadas en la Ley de Ingresos 2026.

• Aprobar un Acuerdo de Cabildo que reconozca errores

técnicos relevantes, declare la falta de proporcionalidad del instrumento y solicite formalmente al Congreso del Estado no proceder a su publicación o devolverla para corrección.

• Remitir un oficio urgente al Congreso, advirtiendo los

vicios constitucionales y los posibles escenarios de

litigio, como medida de responsabilidad institucional.

De igual forma, Tierra Colectiva considera indispensable que las y los regidores que han reconocido públicamente

errores presenten constancia formal y por escrito de que su voto fue emitido sin información técnica suficiente, bajo error inducido o con reservas no debidamente atendidas.

Dicha constancia delimita responsabilidades individuales y constituye un acto mínimo de honestidad institucional, relevante tanto para la corrección legislativa como para eventuales procesos jurídicos y administrativos.

EN CASO DE PUBLICACIÓN DE LA LEY

Si la Ley de Ingresos 2026 es publicada, el debate político se traslada necesariamente al ámbito jurídico. En ese escenario, procederán:

• Amparos indirectos, individuales y colectivos, promovidos por ciudadanos, comercios, desarrolladores y organizaciones civiles, dentro de los plazos legales.

• Procedimientos de responsabilidad administrativa ante

las instancias competentes, respecto de las áreas técnicas involucradas, por posibles actos de negligencia o falta de diligencia.

Los argumentos jurídicos son claros y están sustentados en la Constitución: principios de proporcionalidad y equidad tributaria, razonabilidad del tributo y corrección técnica de las bases de cálculo.

CONSIDERACIÓN FINAL

Desde Tierra Colectiva se reitera la disposición al diálogo institucional serio, al tiempo que mantenemos una postura firme en defensa del interés público. No se trata de discursos ni de disculpas. Se trata de correcciones, legalidad y responsabilidad pública.

El Ayuntamiento aún está a tiempo de actuar conforme a esos principios. Lo que haga o deje de hacer quedará registrado en la memoria institucional del municipio, expresó Francisco Javier Martínez, director de Tierra Colectiva, organización de la sociedad civil integrante de la Red Nacional Anticorrupción.