Por Juan Pablo Sebastián
Una nueva controversia territorial se registró en Primo Tapia, por la disputa de casi 2 hectáreas de las 12. 87 que comprenden el área de Los Arenales.
El miércoles 30 de mayo personal jurídico y técnico de la SEDATU, acudió a realizar mediciones del predio que los particulares José Ortiz Méndez y Marina Irigoyen Pérez reclaman como suyos ante los 79 copropietarios de Los Arenales.
La medición es parte del proceso legal que se dirime en atención a la solicitud de titulación que presentaron los particulares José Ortiz Méndez y Marina Irigoyen Pérez ante la Secretaría de la Reforma Agraria.
El objetivo es determinar si es propiedad privada o son bienes de la nación.
Mientras algunos ejidatarios reconocen que los reclamantes tuvieron la posesión del predio hace varios años, otros señalan que los derechos de propiedad privada quedaron excluidos con una declaratoria hace muchos años.
Los copropietarios acudieron al lugar de la medición con la intención de evitar que se continuara con el proceso, pero el funcionario de la SEDATU les dijo que no era posible y les aclaró que los trabajos técnicos son solamente para efecto de medición y no obedecen a una resolución a favor de los demandantes.
Sin embargo, accedió a iniciar una diligencia con el fin de que los representantes legales de los copropietarios presentaran pruebas.
El predio en disputa.
“La afectación que se está sufriendo es que esos terrenos están comprendidos dentro de una copropiedad de 79 personas, la mayor parte ejidatarios de Primo Tapia
En el supuesto de que la Reforma Agraria determine que son terrenos nacionales, los copropietarios tienen la opción, al igual que las otras dos personas que demandaron, de presentar la solicitud de posesión, lo cual se puede acreditar con una sentencia de 1982. Y desde luego, acudir a un tribular unitario agrario para que se defina ahí quien tiene mayor derecho de preferencia para el proceso de venta por parte de la nación”, sostuvo Francisco Orozco, abogado de los 79 copropietarios quien acusó además de irregularidades en el procedimiento.
Por lo pronto, quedaron en espera de la determinación de la Secretaría de la Reforma Agraria, respecto a si las 2 hectáreas son propiedad privada o bienes de la nación.
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