Una nueva controversia en el transporte público intermunicipal surgió hace unos días tras darse a conocer la pretensión de Alfonso Villa Palma, transportista y ex secretario de movilidad del gobierno de Araceli Brown Figueredo, para celebrar convenios de asociación con permisionarios intermunicipales con la perversa intención de absorber en una sola empresa todo el transporte público rosaritense.
Con ello, los permisionarios quedarían sin voz ni voto ante las necesidades del transporte público y estarían supeditados a la representación de una empresa monopólica.
Permisionarios denunciaron que se trata de un engaño disfrazado de “convenio, fusión y combinación de equipo”, que promueve Villa Palma para regresar a las viejas prácticas lucrativas del transporte público.
Además, el convenio desaparecería sus concesiones particulares para integrarlas en una empresa.
Aunque se trata de una figura permitida por la nueva Ley de Movilidad Sustentable y Transporte de Baja California, los denunciantes consideran que el contrato es sumamente ventajoso para la empresa y violenta los derechos de los permisionarios particulares.
De acuerdo con los denunciantes, la empresa se está valiendo de un supuesto proyecto que trae en puerta el IMOS para modernizar el transporte público y quiere aventajar en el control del transporte en Rosarito para obtener la mayor parte de las ganancias.
En el artículo 2 del citado convenio lo dice textualmente:
El permisionario se obliga a:
Supeditar y coordinar activamente en la coordinación de servicios, horarios y rutas relacionados con el concesionario.
A cumplir estrictamente con la operación del transporte público en los términos señalados por el concesionario.
En cambio, el convenio no ofrece ningún tipo de beneficio para los permisionarios.
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