Delitos electorales en arranque de campaña de candidatos de MORENA

Desvío de recursos, actos anticipados de campaña, abuso de poder y otros delitos electorales, son tan solo algunas presuntas irregularidades cometidas por candidatos y aspirantes de MORENA a cargos públicos.

El equipo jurídico del Frente y Corazón por México, ya prepara denuncias en contra de las candidatas de MORENA Araceli Brown Figueredo (diputación federal) y Stephanie Esquivel Ortiz (Presidencia Municipal) por diversos delitos electorales.

En el caso de Araceli Brown Figueredo, se le acusa de utilizar recursos públicos para fines personales y políticos, mientras que Stephanie Esquivel es señalada de realizar actos anticipados de campaña.

A esta última se le ha visto realizando actividades propagandísticas en mercados sobrerruedas de Rosarito, antes del arranque de las campañas locales.

Ambas están señaladas de rebasar los topes de campaña con gastos excesivos en propaganda política, folletos, pinturas de bardas, anuncios publicitarios, además de violentar otras disposiciones electorales en materia de pre campanas, con la colocación de micro perforados en vehículos del transporte público, con mensajes abiertos al público y no exclusivamente a miembros de los partidos de la alianza con MORENA como debería ser por tratarse de contienda interna.

Se presume que antes del inicio de las campañas, estarían siendo rebasados los topes de campaña.

Representantes ciudadanos también pidieron al Sindico Procurador, Jaime Ibarra Acedo, aplicar piso parejo para todos los funcionarios y ex funcionarios, incluyendo a los aspirantes de MORENA a cargos públicos.

Esto, en referencia a la inhabilitación del aspirante a la Presidencia Municipal por el Frente Fernando Serrano García, quien esta siendo juzgado con una ley abrogada, mientras que los candidatos de MORENA como Araceli Brown Figueredo se está yendo por la libre violentando disposiciones legales electorales.

“En el caso del Síndico Procurador, se evidencia un abuso de autoridad por una sanción de inhabilitación de 10 años, aplicando una ley abrogada, con una tendencia evidente de causarle un daño jurídico electoral”, expusieron especialistas.