Por Juan Pablo Sebastián
Una especie de periodo de “gracia” es el que está dando el Ayuntamiento de Rosarito a propietarios de bares, restaurantes y centros nocturnos, para cumplir con las disposiciones de la nueva Ley de Alcoholes.
Pese a que la nueva normatividad entró en vigor en agosto del 2023, será a partir de enero del 2024 cuando se refuercen las inspecciones para vigilar su cumplimiento.
De acuerdo con el Secretario del Ayuntamiento José Luis Alcalá Murillo, la nueva Ley de Alcoholes obliga a los centros nocturnos, bares y restaurantes con venta de alcohol, a contar con medidas de prevención como arco detector de metales, cámaras de video vigilancia enlazadas al C4, botón de pánico y personal de seguridad certificado por la Secretaría de Seguridad del Estado.
Aunque algunos establecimientos ya disponen de estas medidas por iniciativa propia, la nueva Ley de Alcoholes lo marca como obligatoriedad y establece sanciones por incumplimiento, que oscilan entre las 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización.
Cabe señalar que estas sanciones son independientes a las establecidas por la autoridad estatal, que pueden resultar muchísimo más costosas.
“Las leyes y los reglamentos son de observancia general aunque no se les notifique. Desde el momento de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, a partir del día siguiente quedaron obligados a cumplirla. No pueden decir oye no me notificaste, pues ya hubo una publicación oficial”, expuso.
Sin embargo, puntualizó que el Departamento de Alcoholes de la Secretaría del Ayuntamiento ha optado por no presionar a los negocios de momento, sino darles tiempo suficiente para cumplir con las nuevas disposiciones.
“Como Municipio, a través del Departamento de Alcoholes no hemos estado presionando a los negocios, los hemos estado dejando por lo que resta del año para que cumplan con lo que marca la ley.
No los vamos a sancionar de momento, pero entrando el año creo que habrá pasado suficiente tiempo para poder cumplir. En lugar de causarles gastos, prefiero exhortarlos a que en lugar de pagar multas, que pueden ser de entre 200 y 500 UMAS, mejor atiendan las condiciones que les exige la Ley. Le estamos dando hasta diciembre como municipio, pero el Estado tiene sus propias
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