Por Juan Pablo Sebastián
Un Juez de Distrito concedió a la familia Tejeda una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido en contra del intento de expropiación de sus predios.
En conferencia de prensa celebrada el martes 19 de diciembre, el abogado de la familia Tejeda Sergio Bravo, quien es Doctor en Derecho Constitucional, explico que las irregularidades y violaciones a las diferentes leyes y reglamentos en el inicio del proceso de expropiación promovido por el gobierno de Araceli Brown Figueredo, dieron pauta al trámite de varios juicios de amparo.
Uno de ellos es el 865-2023 tramitado en el Juzgado de Distrito Decimo Primero radicado en Tijuana, donde se alega que la familia no fue notificada de los diferentes planes de desarrollo municipales en los que se contemplaba la construcción de una rampa de patinaje en terrenos de la familia Tejeda sujetos a expropiación.
El pasado 11 de diciembre, se resolvió una audiencia incidental la que el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva y ordeno a todas las autoridades de los tres niveles para que no hagan actos de molestia en contra de la familia Tejeda.
“Lo que promovimos en el juicio de amparo fue que no nos notificaron de los diversos planes de desarrollo, especialmente el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito 2015-2035, el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Playas de Rosarito, del Programa Parcial de Mejoramiento Urbano del Distrito Turístico y de Comercio Zona RosaRito 2015-2030, del Plan Municipal de Desarrollo de Playas de Rosarito 2022-2024 y que no nos notificaron del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024 y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.
De acuerdo con el especialista, al no notificar a la familia Tejeda de este proyecto en los planes de desarrollo, se violentó la garantía de audiencia.
Agregó que el fundamento que dio la presidenta municipal Araceli Brown Figueredo para apropiarse de esos terrenos también atenta contra diversas reglamentaciones y no se justifica la utilidad pública, pues se trata de una simple rampa de patinaje.
“El fundamento de la Alcaldesa contemplaba una obra de skate park, pero en la lectura de cada uno de esos planes de desarrollo en ningún momento se contempla la construcción de un parque. La Ley de Desarrollo Urbano establece que cuando alguno de los planes afecta un lote, se debe notificar a los posibles afectados, lo que no sucedió en este caso. Si bien es cierto viene contemplada la remodelación del parque y de la biblioteca, no viene una ampliación del proyecto con una rampa de patinaje”
Destaco que entre otras irregularidades detectadas en el intento de expropiación destacan que el proyecto no paso por la aprobación del Cabildo y el dictamen solo fue firmado por la Alcaldesa Araceli Brown Figueredo.
“Cuando emites una declaratoria, no puedes decir que está fundamentada en los planes de desarrollo, si el proyecto no está contemplado”, añadió.
El especialista jurídico responsabilizo directamente de este abuso de poder y violación a diversas normatividades y disposiciones legales a la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, pero también aquellos funcionarios que avalaron el proyecto.
Dijo que en base a todas estas irregularidades, resultaría peligroso que las autoridades competentes resuelvan a favor de la expropiación, pues eso dejaría una imagen de que el gobierno en turno podrá disponer de cualquier predio a su antojo para obras innecesarias a costa de violentar todas las normatividades legales.
Adelanto que independiente a la resolución del juicio de amparo que espera sea a favor de la familia Tejeda, interpondrán un recurso en contra de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo y los funcionarios involucrados, para que respondan por los daños económicos, morales y psicológicos que este abuso de poder ha ocasionado a toda una familia.
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