Auditoría a la CESPT y revisar capacidad económica de Ayuntamientos para asumir el control del agua: Demanda CCEs

Por Juan Pablo Sebastián

El sector empresarial bajacaliforniano se pronunció por una auditoria pública a la CESPT y un dictamen socioeconómico y financiero a los Ayuntamientos para revisar su capacidad de prestar el servicio del agua potable.

Al emitir un pronunciamiento sobre la municipalización del agua, el gremio empresarial consideró que en estos momentos los Ayuntamientos no tienen la capacidad económica para tomar el control del agua.

Más que una transferencia, consideraron lo más importante es empezar con sanear las finanzas de la paraestatal, para no heredar más problemas de deudas a los Ayuntamientos.

El coordinador estatal de los CCEs Rafael Crosthwaite Reyes, opinó que la transferencia debe ser gradual, en base a un análisis de la situación financiera de la CESPT y de los Ayuntamientos, que permitan subsanar las deficiencias para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía y no empeorarlo.

“Si bien es cierto el Artículo 115 de nuestra Constitución Política, consagra las funciones y servicios que los Municipios tendrán a su cargo, en especial la fracción III inciso a), le asigna la del servicio de agua potable y drenaje, pero también el mismo Artículo en su fracción II inciso d, establece como el gobierno estatal asume las funciones municipales, mediante convenio cuando esté imposibilitado. En este mismo sentido, la Fracción III inciso i), establece la obligación a las Legislaturas locales de considerar las condiciones territoriales, socio-económicas, administrativas y financieras de los municipios para definir estas funciones y servicios”.

En base a esta premisa, la petición del sector empresarial es realizar una auditoria pública a la Comisión Estatal de Servicios Públicos, a fin de determinar la situación administrativa y financiera, en especial los pasivos laborales, de financiamiento y de proveedores.

Además, solicitó un dictamen socio-económico, administrativo y financiero a cada ayuntamiento, para definir su capacidad para prestar el servicio del agua potable.

“Y por último, como ocurre en todas las democracias, la obligatoriedad de comunicar a la ciudadanía, los beneficios que obtendrán por dicha transferencia”, demandó el CCEs en un comunicado oficial.