Araceli Brown, con miedo y con escoltas

A unos días de dejar su cargo como alcaldesa, Araceli Brown Figueredo volvió a ser blanco de polémica con una solicitud de escoltas para su seguridad personal durante al menos año y medio a partir de su salida.

Mientras por un lado ha venido presumiendo que Rosarito dejó de estar en la lista de los principales municipios más violentos del país, por otro lado, solicita seguridad para ella y su familia una vez que deje el cargo.

En un oficio dirigido al secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Javier Arellano Ortiz, la alcaldesa Araceli Brown Figueredo expresa entre líneas un miedo nunca antes escuchado en ella a lo largo de cinco años de gobierno.

Múltiples amenazas de manera directa e indirecta que han puesto en riesgo su integridad física y la de sus familiares, mensajes en redes sociales y mantas con mensajes de amenazas que aparecieron en la colonia Machado norte, son algunos de los argumentos plasmados en su solicitud.

No omitió en recordar el atentado que sufrió su director de Planeación y Prevención del Delito, Alfredo Torres Franco en junio del presente año, que puso en riesgo su vida y la de sus escoltas que resultaron lesionados.

“Me veo en la necesidad de solicitarle encarecidamente que durante un año y medio contado a partir de mi salida como Presidente Municipal, se me proporcione y facilite seguridad a mi persona y/o grupo de seguridad (escoltas) así como a mi menor hija, en virtud de todo lo anterior señalado, por las funciones y acciones que se tomaron en temas de seguridad por parte de la administración pública que todavía encabezo”, indica el documento enviado por Araceli Brown al Secretario de Seguridad Ciudadana Francisco Javier Arellano Ortiz.

En la respuesta, el titular de Seguridad Ciudadana expuso que para poder atender esa solicitud es necesaria una reforma en materia de seguridad, que establezca lineamientos y medidas conducentes a brindar protección a servidores públicos, en razón de la ausencia de preceptos legales que puedan amparar o atribuir la facultad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana respecto a las concesiones de prerrogativas de esa naturaleza.

La respuesta viene acompañada de una propuesta de reforma al reglamento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que adhiere los siguientes criterios a modo para complacer a Brown:

“El servicio de protección para las y los servidores públicos se otorgará durante el tiempo en que ejerzan el cargo o subsista la causa que determinó ubicarse en una situación de riesgo”.

“Solo en casos excepcionales, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, se podrán prestar de manera temporal los servicios de seguridad a personas distintas de las señaladas en la fracción III de este numeral, siempre y cuando por sus características o situación específica, sean objeto de amenazas o agresiones, o exista causa fundada para temer por su integridad física o su vida”, establece la propuesta.