Por Juan Pablo Sebastián
El Cabildo de Rosarito aprobó reglamentar el llamado presupuesto participativo, que permitirá a los ciudadanos tener participación en la selección de obras de inversión en sus comunidades.
El Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez expuso que la iniciativa es un compromiso de campaña promovido desde el gobierno federal para abrir la inversión pública a la consulta ciudadana.
Establece que hasta un 20% de la recaudación municipal por concepto de impuesto predial, alrededor de 17 millones de pesos al año, se destinarán a obras en las colonias y fraccionamientos.
Estas obras serán propuestas por los mismos ciudadanos a través de una convocatoria pública.
“Están bien definidos los conceptos que se pueden proponer, desde pavimentación de calles, bacheo, alumbrado público, parques, alguna plaza, centro comunitario…
La ciudadanía participaría en la priorización de las obras. La intención es que por lo menos diez obras sean seleccionadas de esta manera y que cuando los contribuyentes vengan a pagar su predial, se les entregue su boleta en la que podrán señalar cuáles son las obras que les parecen prioritarias”.
Agregó que bajo este esquema, el Gobierno Municipal quedaría obligado a ejecutar las obras seleccionadas.
El monto máximo de cada obra será de 2.5 millones de pesos.
“Es una iniciativa que promueve democratizar la inversión pública e incentivar la participación ciudadana para que sea la misma gente la que decida las obras que requiere su comunidad”.
También habrá una segunda modalidad. A la hora de que el ciudadano venga a realizar su pago, en la boleta aparecerá un apartado donde va a poder proponer cuál es el ramo prioritario dentro de su comunidad y contempla también que en las colonias con mayor recaudación se van a poder realizar obras aunque no estén enlistadas”, explico.
Durante la sesión también se aprobaron transferencias para direcciones que agotaron su recurso antes de lo proyectado, como la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Salud Municipal.
Además se aprobaron convenios de colaboración en materia administrativa en los cobros de impuestos municipales y estatales, entre otros acuerdos.
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