Por Juan Pablo Sebastián
El problema de las adicciones tiene un costo social y económico incuantificable.
Además del daño que los adictos ocasionan a su persona y a su familia, la sociedad también carga con ellos.
Por los robos y actos vandálicos que cometen para saciar su vicio, también cargan con ellos los comerciantes, las escuelas, los hogares y hasta los policías municipales que gastan enormes cantidades de dinero en transportarlos diariamente a las celdas, por la alta reincidencia y la falta de espacios públicos de rehabilitación efectivos.
“Es un problema social y económico muy serio. Es un cuento de nunca acabar. Los estamos sacando de la Plaza San Fernando, pero no hay muchos lugares donde podamos enviarlos para que reciban tratamiento adecuado.
Ya se nos terminó el apoyo de los centros de rehabilitación porque el Ayuntamiento no les ha pagado. No hay dónde podamos mandarlos.
Nos cuesta mucho detenerlos porque es casi del diario. Gastamos mucho en gasolina para las patrullas, súmale el desgaste de las unidades, el descuido de otras áreas que merecen mayor atención, es mucho el dinero que gasta el gobierno en ellos”, sostuvo un jefe policíaco.
Pese a estas opiniones pesimistas, las autoridades confían en que los hechos delictivos reducirán con la estrategia de sacar de circulación a muchos adictos, principalmente de la Plaza San Fernando, para enviarlos a los centros de rehabilitación.
“Tenemos que seguir trabajando con los centros de rehabilitación, hasta que los adictos de Tijuana sepan que venir a Rosarito a delinquir les va a costar internarse en un centro de rehabilitación. Ya se está corriendo la voz y muchos no quieren venirse para acá porque tienen miedo de entrar a un Centro, pero necesitamos seguir con este programa”, sostuvo el jefe policíaco.
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