El retiro de videocámaras no acreditadas por el C5 confirmó el secreto a voces de que la vigilancia de la ciudad estaba intervenida por personas ajenas a las corporaciones de seguridad pública o por particulares no autorizados.
En su momento, el entonces secretario de Seguridad del Estado, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, aseguró que no tenían identificadas cámaras externas a las corporaciones de seguridad ni manejadas por grupos delincuenciales.
Junto con este secreto a voces, comenzaron los operativos encabezados por el Gobierno del Estado y corporaciones federales para retirar cámaras externas en los diferentes municipios de la entidad, principalmente en Tijuana, donde tenían identificados varios dispositivos sospechosos.
Hace unos días, el operativo se extendió a Playas de Rosarito, donde los cuerpos policiacos comenzaron a retirar cámaras de vigilancia instaladas en postes del bulevar Benito Juárez, principalmente.
Uno de estos dispositivos estaba colocado en un poste a la altura de Carnitas La Flor de Michoacán y, tras ser retirado, surgieron comentarios en redes sociales que revelaban que había sido instalado por una casa de cambio ubicada en ese punto, frente al bulevar, como medida preventiva ante sus operaciones delicadas por el manejo de dinero en efectivo.
Sin embargo, se desconoce si el propietario de las cámaras solicitó autorización al Gobierno.
De acuerdo con funcionarios del C5, en las últimas fechas ha aumentado el número de cámaras externas instaladas en diferentes áreas públicas de los municipios, incluyendo Rosarito.
Algunas de ellas fueron colocadas por comerciantes o particulares para apoyarse en la vigilancia de su entorno, pero otras permanecían o aún permanecen en calidad de sospechosas.
Las autoridades no descartan que hayan sido colocadas por grupos criminales para vigilar la presencia policiaca durante sus operaciones delictivas.
De acuerdo con fuentes policiacas, en Primo Tapia aún prevalece el mayor número de puntos donde hay cámaras sospechosas con campo de visión hacia las calles y áreas públicas, lo que demuestra que la vigilancia de la ciudad sigue intervenida por terceros sospechosos.
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