Los vecinos de las colonias Reforma I y Reforma II manifestaron públicamente su rechazo total a la Ley de Ingresos 2026 del Municipio de Playas de Rosarito, al considerar que vulnera principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad y justicia social.
Durante más de 15 años, las familias que habitan estas colonias han solicitado de manera reiterada servicios públicos básicos como agua potable, drenaje sanitario y pavimentación, sin que el Ayuntamiento haya dado respuesta efectiva. A pesar de esta omisión histórica, el Cabildo ha decidido imponer un incremento del 204% en los valores catastrales de la tierra, lo que provoca un aumento directo, inmediato y desmedido del impuesto predial, afectando de manera grave la economía de cientos de familias.
Resulta profundamente injusto e incongruente que se incrementen impuestos en zonas que carecen de infraestructura elemental, cuando el propio municipio ha incumplido por años su obligación de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad.
Denunciaron además la falta de apertura, sensibilidad social y voluntad política por parte de la Presidenta Municipal y el Cabildo, quienes han ignorado sistemáticamente las solicitudes, argumentos y llamados de la comunidad, optando por una política fiscal recaudatoria que castiga a quienes menos tienen.
Ante este escenario informaron que realizaron diversas acciones como: Promoción de amparos individuales, por la violación al principio de proporcionalidad y equidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse una carga fiscal excesiva, injustificada y desconectada de la realidad social y de los servicios públicos efectivamente prestados.
Además de una negación al pago del impuesto predial, mientras subsista un cobro basado en valores catastrales inflados, desproporcionados e injustos, y no exista una revisión real y transparente de dicha medida.
Así que también implementarán una campaña de comunicación y denuncia pública a nivel nacional, particularmente en la Ciudad de México, con el objetivo de visibilizar este acto de injusticia fiscal, alertar a instancias federales, organismos defensores de derechos humanos y a la opinión pública sobre el impacto social de esta ley.
Aclararon que este movimiento es completamente apartidista. No responde a intereses políticos, electorales ni a siglas de ningún partido. Responde únicamente al ejercicio legítimo de nuestros derechos ciudadanos para reclamar un acto injusto, desmedido y socialmente insensible. No nos oponemos al cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales.
“Nos oponemos a pagar impuestos injustos, abusivos y sin sustento social. No se puede cobrar como zona urbanizada lo que el propio municipio ha mantenido en el abandono”.
Por último exigieron:
y Reforma II.
La justicia fiscal comienza con la justicia social.
Sin servicios, no hay legitimidad para cobrar.
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