En medio de la crisis económica y la sobrerregulación que mantiene a muchas empresas al borde de la quiebra, una incongruencia del gobierno toma fuerza.
Se trata de las estrictas inspecciones sanitarias a las que están siendo sometidos negocios con venta de alimentos.
Mientras los restaurantes y comercios establecidos son supervisados con “lupa” por dependencias de salud municipal, estatal y federal, los comercios semifijos y ambulantes gozan de “inmunidad” frente a estas supervisiones.
Cumplir con la burocracia sanitaria está resultando cada vez más difícil para restaurantes establecidos.
No solo es la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado. También es salud municipal, federal y todas las demás regulaciones en materia de bomberos, protección civil, CESPT, permisos de operación, pago de recolección de basura, pago de anuncios, línea amarilla, fumigación certificada…
La lista continúa con el pago de nómina y la creciente carga fiscal, IMSS, INFONAVIT, ISR, aguinaldos, vacaciones, etc., etc., etc., dejándolas con muy poco margen para utilidades.
Sin dejar de mencionar los incrementos en los costos de los insumos, renta y servicios básicos.
Bajo este contexto regulatorio, las empresas quedan prácticamente indefensas a las inspecciones del gobierno, que tienen un amplio margen para proceder con multas y clausuras al mínimo detalle.
En cambio, el comercio informal de alimentos se ha disparado por toda la ciudad y los mercados ambulantes.
A diferencia de los restaurantes establecidos, estos negocios sólo están sujetos a cumplir con la tarjeta sanitaria, pese a que muchos manejan cocinas en la vía pública como cualquier otro negocio establecido.
En más de una ocasión, autoridades de COEPRIS han sido cuestionadas sobre esta desproporcionada regulación sanitaria:
¿Quién inspecciona a los comercios ambulantes de alimentos?
La respuesta ha sido la misma: “Eso es competencia del gobierno municipal”.
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