Sin resultados el Sistema Estatal Anticorrupción

Por Juan Pablo Sebastián

A un año de la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California y a un mes del cambio de gobierno, el balance que hacen los mismos integrantes es que no ha cumplido con la misión de prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción en el ejercicio público.

Dos o tres sesiones en un año, sin acuerdos de trascendencia que verdaderamente fiscalicen y promuevan investigaciones exhaustivas a las irregularidades del gobierno del estado, es el escueto informe que puedan dan los integrantes del SEA.

Dejarán pendientes la publicación de la iniciativa de reforma promovida ante el Congreso del Estado, en materia de entrega recepción de los asuntos y recursos públicos, así como la reforma a la ley de responsabilidades administrativas.

En su parte esencial, las iniciativas proponen modificar el plazo para la entrega de información a los nuevos gobiernos electos.

Actualmente, la Ley obliga a los gobiernos en funciones entregar la información pública a las comisiones de enlace de los gobiernos electos hasta los 60 días antes de entrar en funciones.

La propuesta contenida en las iniciativas de reforma obliga a los gobiernos salientes a proporcionar toda la información necesaria a los gobiernos electos, a partir del siguiente día en que la autoridad electoral reconozca legalmente su triunfo tras la elección.

También establece que en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleven a cabo las unidades administrativas de los gobiernos estatal o municipal salientes, dentro de los noventa días previos a la entrada del  nuevo gobierno, participe como testigo un representante de los gobiernos entrantes.

De igual manera, exige que durante el periodo de noventa días previos al inicio de los gobiernos entrantes, no se otorguen concesiones o permisos sobre bienes propiedad del Estado o de algún Ayuntamiento, como tampoco procesos de basificacion de personal de confianza.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso del Estado pero su publicación está detenida por el Gobierno del Estado, cumpliendo las predicciones de especialistas que desde un principio denunciaron la “mano negra” del Gobierno del Estado en la conformación del SEA.