El Reglamento de Ambulantaje, Puestos Semifijos y Mercados Sobrerruedas de Playas de Rosarito es muy claro en cuanto a los sitios prohibidos para ejercer el comercio.
En su artículo 14 establece que, para la correcta integración económica del municipio, de acuerdo a sus vocaciones económicas y sociales, se restringió toda actividad comercial en la vía pública a lo largo del bulevar Benito Juárez en el primer cuadro de la zona turística, dentro del perímetro comprendido entre el Arroyo Rosarito y el Arroyo Huacatay.
Además, prohíbe el comercio en “todas las vialidades que entroncan con el bulevar Benito Juárez en el tramo descrito, dentro del área que va desde la carretera de cuota hasta la Zona Federal Marítimo Terrestre”.
Únicamente permite la autorización de permisos para comercio semifijo en las calles paralelas al bulevar Benito Juárez, sin sobrepasar los 25 permisos.
La realidad dista mucho de la teoría, pues a la largo del primer cuatro turístico de la ciudad se observa una saturación de comercios que se extiende hacia las calles troncales y paralelas, que a simple vista superan el número de permisos permitidos.
Gran parte de los comercios semifijos que abundan en el bulevar Benito Juárez tienen años operando y muchos de ellos con permisos municipales.
Los gobiernos han evitado desgastarse en su regulación o reubicación y han preferido continuar con la política de tolerancia a pesar de estar prohibidos, eludiendo su “derecho de antigüedad” que prefieren no tocar.
Sin embargo, en cada temporada alta se aprecia un incremento en la presencia de puestos semifijos a lo largo de todo el bulevar Benito Juárez y calles paralelas y transversales.
Comerciantes establecidos aseguran que algunos de estos comercios semifijos tienen más de un puesto operando.
Hay negocios de venta de avena y burritos que tienen cinco puntos de venta en lugares distintos, pero con un mismo dueño al estilo monopolio, lo que representa una competencia desleal y un riesgo para la salud pública porque muchos de estos negocios no son regulados por la autoridad sanitaria.
La restaurantera Norma Gutiérrez Espinoza condenó que la autoridad permita a estos comercios operar al margen de reglamentaciones, mientras que los negocios establecidos son sometidos a rigurosas inspecciones y políticas recaudatorias de todo tipo, además de las estrictas fiscalizaciones hacendarias por los pagos de impuestos y costosas nóminas de empleados.
“Lamentablemente estamos viendo gente que viene de fuera a ocupar los puestos claves donde se va a recaudar, gente que desconoce la reglamentación y no quieren aplicarla. Aquí se requiere que el gobierno aplique los reglamentos y que los inspectores cumplan con su trabajo”, expuso.
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