Un análisis sobre las cifras oficiales de violencia en México advierte inconsistencias relevantes en los registros de homicidios y desapariciones, así como diferencias metodológicas entre instituciones que dificultan medir con precisión la magnitud real del problema.
La versión oficial refleja la persistencia de una “disputa estadística” en torno a las personas desaparecidas.
Más que reflejar fielmente el fenómeno, los registros oficiales presentan inconsistencias derivadas de denuncias no incorporadas, omisiones de casos históricos, actualizaciones tardías y ajustes retroactivos sin explicación pública.
En homicidios dolosos, los datos oficiales muestran una reducción anual: el SESNSP reporta 30,062 víctimas en 2024 frente a 23,374 en 2025.
Sin embargo, las discrepancias entre fuentes evidencian problemas de medición.
Para 2024, el INEGI contabilizó 33,550 homicidios, mientras que el SESNSP registró 30,062, lo que confirma diferencias metodológicas entre registros basados en actas de defunción y carpetas de investigación.
El análisis identifica contradicciones entre el discurso oficial y las bases institucionales, además de anomalías en categorías como homicidio culposo y “otros delitos contra la vida y la integridad”, cuya ambigüedad dificulta distinguir la violencia real y puede absorber casos que antes se clasificaban como homicidio doloso. También se advierten posibles subregistros en feminicidios y desapariciones.
En Baja California, el panorama muestra persistencia de la violencia letal: se reportaron 2,736 homicidios dolosos, 1,714 casos en la categoría de “otros delitos contra la vida e integridad” y 919 personas desaparecidas en 2025.
El patrón sugiere altos niveles de homicidio, peso creciente de categorías estadísticas ambiguas y una incidencia relevante de desapariciones como parte del mismo fenómeno de inseguridad.
A nivel estatal, la violencia homicida se concentra principalmente en Tijuana, seguida por Mexicali, Tecate y Ensenada, mientras que Playas de Rosarito se ubica en un nivel intermedio dentro de Baja California. No existe un ranking nacional municipal consolidado por tasa de homicidios, pero por su contexto estatal el municipio se mantiene por encima del promedio nacional, sin figurar entre las ciudades más violentas del país.
Entre 2020 y 2025, Rosarito presenta un patrón consistente con el corredor de violencia del noroeste: picos de homicidio en 2020 y 2021, estabilización posterior y crecimiento de las desapariciones hasta 2023, con niveles sostenidos en los años recientes. La combinación de ambos delitos mantiene al municipio en una zona de alta letalidad estructural.
De forma comparativa, Rosarito se ubica aproximadamente entre los lugares 50 y 80 a nivel nacional en violencia letal, dentro del grupo medio-alto de municipios turísticos y fronterizos, y entre la tercera y cuarta posición dentro de Baja California. El análisis concluye que no hay evidencia de una mejora estructural sostenida: la variación anual responde más a ajustes estadísticos y dinámicas criminales locales que a una reducción consistente de la violencia.
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