El reconocido abogado Jorge Luis Fuentes Valdez, director de la firma Fuentes Santillán y Asociados, afirmó que el “cartel inmobiliario” es una grave realidad en Tijuana y su “modus operandi” involucra a funcionarios públicos y profesionistas deshonestos.
Aseguró que esta práctica de corrupción inmobiliaria ha venido tomando fuerza en los últimos cuatro años, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones para proteger su patrimonio.
El experto en Derecho Inmobiliario expuso que en Tijuana prácticamente han desaparecido las invasiones de predios, pero esto se debe a que “ya no hay qué invadir”, pues los delincuentes patrimoniales ahora se han vuelto más sofisticados.
Explicó que se configura la denominación de “cártel” cuando se trata de estructuras criminales bien organizadas y que lastimosamente cuentan con la complicidad de funcionarios de gobierno, entre jueces, magistrados, notarios y hasta policías municipales “que resguardan la consumación de despojos”.
En uno de tantos casos, aseguró contar con evidencias fotográficas y videograbaciones que muestran a elementos de la Policía Municipal “protegiendo” a quienes despojaron a una familia de su departamento, así como al cerrajero contratado para abrir la cerradura de la puerta del inmueble.
Fuentes Valdez manifestó que desde hace varios años se han conocido las operaciones del llamado cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Sin embargo, este modus operandi ya se trasladó a Tijuana y opera bajo la misma forma.
Refirió que la facilidad para acceder a información de las propiedades tanto en Catastro como en el Registro Público de la Propiedad, favorece este tipo de actos, pues al ser de libre acceso, cualquiera —incluso quienes se dedican al fraude inmobiliario—, pueden saber quién es el dueño de determinado terreno, casa o departamento, y qué tan al pendiente está de su propiedad.
“Y si además cuentan con el apoyo de empleados de esas oficinas públicas y de profesionistas deshonestos que se prestan a esos actos, es fácil cambiar el nombre o los nombres de los auténticos dueños para despojarlos del patrimonio que muchas veces forjaron durante toda una vida de esfuerzo”, agregó.
Ante ello Fuentes Valdez recomendó a los ciudadanos mantenerse al pendiente de sus propiedades, verificar cuando menos una vez al año que la información que aparece en Catastro y el Registro Público de la Propiedad sea la verdadera, que no haya hipotecas que no contrataron ellos y que no esté cambiado el nombre del titular.
También recomendó revisar que les lleguen los recibos de los servicios a su nombre, y, en caso de inconsistencias, buscar ayuda profesional.
Otro punto importante que sugirió, en el caso de arrendamiento o préstamo de una propiedad, fue hacerlo mediante un contrato debidamente protocolizado, no importa si se trata de extraños o familiares, y darle seguimiento a dicho documento para evitar futuras “alteraciones”.
En el caso de Rosarito, la Fiscalía ha negado la existencia de un cartel inmobiliario, pero representantes de asociaciones inmobiliarias han venido advirtiendo su presencia y la consumación de despojos de propiedades de manera violenta, principalmente en contra de ciudadanos americanos o que no habitan de manera permanente sus propiedades en Rosarito.
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