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Prepara Sindicatura procedimiento en contra de titular de Reglamentos por abandono de trabajo

Por Juan Pablo Sebastián

Al encargado de despacho de la Dirección de Inspección, Verificación y Ordenamiento de Vías Públicas, Enrique Muñoz Valadez, no le fueron suficientes dos meses de vacaciones.

El pasado 9 de julio concluyó su largo periodo de descanso y todo parece indicar que prefirió seguir tomando la siesta, pues no se presentó a trabajar, probablemente porque sabe que inspectores de la Sindicatura Municipal ya lo esperan para notificarle la suspensión  en su contra por motivos de investigación.

Como el lector recordará, el pasado 13 de mayo Enrique Muñoz Valadez evadió la notificación de la Sindicatura tomando vacaciones de manera precipitada.

En ese entonces, la Sindicatura iniciaba una investigación en su contra por señalamientos de corrupción relacionados con el ambulantaje y los permisos de venta de alcohol.

Se le acusaba de permitir la operación de ambulantes y negocios de venta de alcohol sin permiso o sin la revalidación de éstos, a cambio de “regalías”.

Al respecto, el Contralor Municipal José Manuel Ciprés Tinoco informó que si el funcionario no se presenta a trabajar este viernes 12 de julio, se le abrirá un procedimiento por abandono de trabajo, pues es la fecha que la ley establece como plazo para hacer efectivo este proceso laboral.

En cambio, el que funcionario que está puesto para regresar a trabajar, ahora con base y con indemnización pagada, es Gerardo Zermeño Chávez, hermano de Manuel Zermeño Chávez, quien fungiera como Tesorero en el gobierno de Javier Robles Aguirre.

Luego de varios de años de demanda laboral por despido injustificado, un Tribunal le concedió la razón y determinó su reinstalación y el pago de salarios caídos.

De acuerdo con funcionarios de la Sindicatura Municipal, Gerardo Zermeño Chávez, quien se desempeñaba como Director Administrativo de la Sindicatura Municipal, fue despedido durante el gobierno de Silvano Abarca Macklis de manera injustificada, lo que originó una demanda laboral que ahora tendrá que pagar el Ayuntamiento de Rosarito.

ECOS Redaccion

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