Preocupa a la IP la falta de transparencia en el tema de la desaladora

En relación con la información publicada en el semanario Ecos de Rosarito en la edición anterior con el título: “Insiste Kiko Vega en construir la planta desaladora”, miembros del sector empresarial de Rosarito Baja California expresaron su punto de vista, luego de sostener una reunión sobre el tema, informó el empresario Hugo Torres Chabert.

Especialmente describieron “la preocupación que tenemos que consiste en la falta de transparencia de la operación. No se sabe a ciencia cierta quien va a resultar siendo el dueño de la desaladora, no se sabe quién va a facturar el agua y quedarse con los ingresos de la venta del agua desalada, no se sabe cómo se calcularan las tarifas de agua al público si va a ser como empresa privada o se va a regir por los acuerdos del congreso del estado”.

“Tampoco  se sabe si se va a renunciar a los derechos de agua que tenemos con el tratado del Río Colorado, donde le toca a Baja California una cantidad definida del agua, que es el caudal  de líquido más asegurado que existe en la entidad, y por lo tanto, mientras no sepamos con certeza las respuestas precisas a estas incógnitas que se nos presentan y se trate de hacer ver la necesidad del proyecto como se está planteando, porque consideramos que debe haber claridad en el planteamiento de la necesidad de agua para esta región, en el presente y a mediano y largo plazo, porque hay condiciones que los ciudadanos  queremos conocer y  aprobar”.

Agregó Hugo Torres: “Nos preocupa el endeudamiento de 85 mil millones de pesos al que someterán a los Bajacalifornianos para pagar las instalaciones de la desaladora. El plan original concebido era que el inversionista efectuara la inversión y justificara su ganancia. No está claro qué pasó aquí, que se nos cambió el concepto de proyecto”.

Además, señalaron, “se deben cumplir todos los requisitos que establece la normatividad para las descargas de agua “sobre salada” hacia el Océano Pacífico, que es el principal reclamo de la ciudadanía, por la posible afectación al medio ambiente y a los pescadores”.