Por Juan Pablo Sebastián
Una infracción de tránsito y un proceso judicial inconcluso por una falsa acusación en Estados Unidos, le cambiaron sus planes de permanecer en México a Gabrielle Kendall, de 47 años de edad.
Le causaron también el más fuerte dolor emocional de su vida al quedarse sin su hija menor de edad, quien fue enviada al albergue del DIF Estatal.
El caso de la mujer británica inició hace más de dos semanas cuando por una infracción de tránsito, fue abordada por policías municipales quienes al verificar su nombre vía enlace internacional, detectaron que contaba con cuentas pendientes con la justicia en Estados Unidos de hace seis años.
Según su abogado, fue una acusación falsa que ya quedó aclarada ante las autoridades norteamericanas, quienes incluso expidieron un documento indicando que no contaba con record criminal.
Sin embargo, aparentemente el proceso no se concluyó en el sistema de enlace y permanecía vigente una presunta orden de aprehensión, por lo que fue detenida por los agentes municipales y enviada al Instituto Nacional de Migración donde permaneció dos semanas.
Al momento de su detención, la mujer se encontraba en compañía de su hija menor de edad con quien vive en Rosarito desde hace varios años.
La pequeña fue separada de su madre y enviada a un albergue temporal del DIF Estatal, donde permanece hasta ahora mientras su madre realiza el burocrático proceso para recuperarla.
La mujer salió del INAMI tan pronto se aclaró su situación legal pero le notificaron que tiene que abandonar el país en 60 días debido a que no ha regularizado su estancia legal en México.
Solo que ahora lucha contra el tiempo para poder cumplir con el proceso que exige el DIF Estatal para recuperar a su hija.
Fue enviada a practicarse exámenes psicológicos y antidoping, así como una serie de estudios para demostrar que es apta para mantener la custodia de su hija.
En su lucha, se ha topado con una política estricta del DIF Estatal en cuanto a la difusión de su caso.
La encargada del módulo no permitió entrar a la prensa a la oficina del DIF Estatal para acompañar a la denunciante y cuestionó incluso a su abogado antes de permitirle la entrada.
Tal pareciera que la política del DIF Estatal es evitar que los denunciantes tengan contacto con la prensa aun afuera de la oficina.
Sin embargo, Gabrielle espera que al cumplir con todos los requisitos, pueda recuperar a su hija y poder regularizar su situación en México donde tenía planes de establecer un negocio de jugos.
Eligió Rosarito porque así tendrá oportunidad de ver a su madre que vive en Estados Unidos.
El caso ha puesto en la mira las deficiencias no solo del DIF Estatal, sino de las mismas autoridades policiacas que no actualizan sus sistemas de enlace para evitar casos como este.
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