Ante las diversas opiniones en torno a la suspensión de policías que reprobaron los exámenes de confianza, el ex regidor de seguridad pública José Manuel Ciprés Tinoco consideró que el tema tiene varias vertientes.
Por el lado estrictamente legal, explicó que los policías tendrían muy pocas posibilidades de regresar, pues el artículo 123 constitucional, apartado b fracción XIII, lo dice muy claro:
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Por el lado más flexible y atendiendo sus derechos como trabajadores, podrían ampararse contra una suspensión que no les dio la oportunidad de conocer los motivos.
Es decir, por no tener acceso a los resultados de sus exámenes de confianza sino mediante juicio.
Esto sobre todo por aquellos policías que resultaron con observaciones menores por cuestiones médicas que pudieran subsanar.
Refirió además que la garantía de confiabilidad de los exámenes sigue siendo muy cuestionada.
Mientras policías recién egresados de la Academia resultaron reprobados, otros con señalamientos de corrupción pasaron los exámenes.
En el último de los casos, consideró que la falta de policías también podría orillar al gobierno a doblar las manos para reincorporar a los que resultaron con observaciones menores.
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