Paralizado el desarrollo en Santa Anita por conflicto territorial

Por Juan Pablo Sebastián

En tanto que el desarrollo en Santa Anita está detenido a consecuencia del conflicto territorial y la falta de interés del Congreso del Estado, la voluntaria social Brenda Pinto Caballero sigue trabajando contra viento y marea para apoyar a la comunidad en la gestión de sus necesidades de trámites gubernamentales.

A unos meses de haber instalado un módulo de atención ciudadana que opera gracias al apoyo de la comunidad de Santa Anita y organizaciones americanas, el esfuerzo ciudadano se consolidó con la conformación de la Asociación de Desarrollo Rural de Santa Anita (ADERUSA).

El objetivo de esta asociación es apoyar a los residentes de Santa Anita en las gestiones de trámites ante las dependencias de gobierno, así como atender otras necesidades de servicios diversos que requieren.

Al frente de esta asociación está la ex titular de la desaparecida Subdelegación municipal en Santa Anita Brenda Pinto Caballero, quien la ha llegado a llamar “Subdelegación legítima”, pues fue la misma comunidad la que se unió para habilitarla y costear su operación, luego de que el gobierno en turno la desapareció del organigrama del Ayuntamiento y desatendió la controversia territorial con Ensenada.

De acuerdo con Brenda Pinto Caballero, esta organización es el único apoyo que tienen los residentes de Santa Anita para atender sus demandas de servicios y tramites, pues tanto los gobiernos municipales de Rosarito y Ensenada, así como el mismo Congreso del Estado, tienen a la comunidad totalmente marginada del desarrollo.

Recientemente, la Delegación La Misión anunció la asignación de un recurso por un millón de pesos para infraestructura comunitaria en esa zona, pero Santa Anita no pudo acceder a consecuencia de la incertidumbre territorial.

Los apoyos sociales tampoco pueden llegar debido a este problema territorial, lo que pone a los residentes en una situación de marginación total, pues ni el Congreso del Estado se ha pronunciado para impulsar iniciativas que lleven inversión de infraestructura social a Santa Anita.

“También hay mucha gente que ya quiere regularizar su terreno, pero no pueden porque está la controversia. Les están negando su derecho a tener una certeza jurídica de su patrimonio, les quitan el derecho a los beneficios, a los apoyos sociales…, es una situación desgastante”, lamentó.

Recordó que en varias ocasiones ha solicitado reuniones con diputados de la actual legislatura, en busca de apoyo para solventar la difícil situación que viven los residentes de Santa Anita, pero hasta ahora no ha tenido respuesta.