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La organización de la sociedad civil Tierra Colectiva, con origen en Playas de Rosarito, fue convocada a la Cámara de Diputados para participar en la discusión y construcción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, en el marco de la reforma a la Ley General en la materia.
La invitación, realizada por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y por la presidencia del Sistema Nacional Anticorrupción, marca un hecho relevante: después de siete años, organizaciones ciudadanas volvieron a ser llamadas formalmente al Congreso para incidir en el rediseño del sistema anticorrupción del país
Desde la tribuna legislativa, una voz nacida en Rosarito llevó al centro del debate una realidad que afecta directamente a Baja California y a los municipios del país: en lo local, la corrupción no se investiga, se normaliza. Francisco Martínez Mendoza, representante de Tierra Colectiva, subrayó que en los estados y municipios las denuncias por desvíos millonarios, contratos opacos y decisiones discrecionales no avanzan y terminan archivadas
Uno de los ejes centrales de la intervención fue la ausencia de protección efectiva a denunciantes y alertadores de la corrupción, lo que ha convertido la denuncia ciudadana en un acto de alto riesgo. Según se expuso, quienes cuestionan decisiones públicas desde los municipios suelen enfrentar represalias laborales, económicas y personales, mientras que las autoridades señaladas permanecen intocables
Desde Baja California también se denunció un patrón particularmente grave: la tolerancia institucional frente a explicaciones inverosímiles de autoridades señaladas por hechos de alto impacto. Durante la intervención se aludió al caso de una autoridad que justificó el cruce fronterizo de 800 mil pesos en efectivo bajo el argumento de un “olvido”, sin que ello derivara en investigaciones claras ni sanciones. Para la organización rosaritense, este tipo de respuestas, cuando no generan consecuencias, equivalen a un respaldo político implícito y refuerzan la percepción de impunidad
El mensaje fue directo: mientras el poder recibe comprensión y silencio, quien denuncia recibe castigo. Esta lógica —advirtió Tierra Colectiva— no combate la corrupción, la perpetúa.
En ese contexto, se lanzó una advertencia que resonó en el recinto: castigar al denunciante no elimina la corrupción, elimina el termómetro. Cuando el Estado rompe ese termómetro, la corrupción no desaparece; simplemente deja de medirse hasta que el daño es irreversible para las instituciones y para la confianza ciudadana
La propuesta presentada desde Rosarito fue concreta y estructural: la creación de un Programa Nacional Integral de Protección a Denunciantes y Alertadores de la Corrupción, con ventanillas locales, medidas cautelares inmediatas y sanciones contra autoridades que ejerzan represalias. Sin estas garantías —se sostuvo— el Sistema Nacional Anticorrupción no combate la corrupción: administra el miedo
La participación de Tierra Colectiva, organización rosaritense, posiciona a Baja California en un debate nacional clave y deja un mensaje claro para la ciudadanía: si el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción no protege a quien denuncia y no incomoda al poder, será solo una coartada más para la impunidad.
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