La Presidente Municipal, Araceli Brown Figueredo, encabezó una reunión con representantes de la empresa Promotora Ambiental S.A. de C.V. (GEN), quienes tienen la concesión de la recolección de basura doméstica y operación del relleno sanitario de Playas de Rosarito, a quienes expuso que el municipio de Tijuana debe buscar otras opciones para disponer de sus desechos, pero no utilizar este espacio en el Quinto Municipio.
La Alcaldesa expuso a los concesionarios que deben informar sobre este tipo de planteamientos al Gobierno Municipal, ya que no pueden disponer para tales fines el terreno que actualmente operan y donde han depositado más de 150 mil toneladas de basura entre los años de 2019 y 2021, para beneficio de los residentes de otro municipio que no sea Rosarito.
Brown Figueredo, quien fue acompañada por el Secretario General del IX Ayuntamiento, José Luis Alcalá; el Tesorero Manuel Zermeño Chávez; el Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos, Enrique Díaz Pérez; y otros funcionarios, exigió una respuesta inmediata al problema que enfrentan actualmente, porque desde hace varias semanas persiste el rezago en la recolección, aunque el gobierno municipal sigue pagando puntualmente por este servicio.
Finalmente, se acordó que habrá una reunión donde GEN deberá ofrecer soluciones o alternativas, además de que informará sobre las medidas que adoptarán para atender las fallas que se les han planteado reiteradamente, en materia de falta de unidades, los horarios del personal, rutas de recolección, calibración de básculas y otros temas relacionados con la prestación del servicio.
Se recordó a los representantes de GEN que tienen este contrato desde hace 15 años con el Gobierno rosaritense, y que durante la segunda administración que presidió el hoy Regidor Silvano Abarca Macklis, junto con su ex Secretario de Gobierno, Fernando Serrano García, ambos les firmaron una extensión anticipada por otros quince años pesar de los problemas que han generado a la población por diversos incumplimientos, por lo que deben atender las necesidades de la población que demanda el servicio y que para esto paga puntualmente sus impuestos.
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