Municipio se resiste a ceder el control del transporte al Estado

Por Juan Pablo Sebastián

Al cuestionar la lentitud de la transferencia del transporte público al Estado, el ex regidor de seguridad pública y creador del Reglamento de Transportes Municipales actualmente vigente, Miguel Apolinar Calles Muñoz, señaló que intereses corrompidos entre el Municipio y ciertos grupos transportistas ejercen resistencia a ceder el control del transporte.

Dijo que mientras los demás municipios avanzan en el cumplimiento de la Ley de Movilidad Sustentable de Baja California, Rosarito se ha rezagado porque la autoridad actual de transporte municipal se niega a soltar lo que llamó la “caja chica”, en referencia a los descarados abusos que están llevan a cabo los inspectores de transportes municipales con las infracciones.

Precisó que la Ley de Movilidad Sustentable es muy clara en su misión de transferir al Estado el control del transporte público actualmente en manos de los Ayuntamientos.

El objetivo primordial de estos cambios es precisamente erradicar la corrupción en el transporte, quitándole a los municipios el control y la posibilidad de seguir generando intereses particulares con grupos transportistas.

Esta transferencia en Rosarito parece estar siendo frenada por el contubernio entre cierto grupo transportista y el gobierno municipal, de ahí que las prácticas de corrupción estén a la orden del día y cada vez más descaradas, pues ante la falta de un convenio entre el Estado y el Municipio para las labores de supervisión, esta actividad sigue siendo realizada por la Dirección de Transportes Municipales de una manera totalmente arbitraria, toda vez que los inspectores de tránsito se están tomando atribuciones que no les corresponden, como infraccionar a choferes de unidades de carga particulares, incluyendo grúas y camiones de empresas privadas.

De acuerdo con el regidor del VII Ayuntamiento, el Reglamento de Tránsito establece claramente que la Dirección de Transportes Municipales sólo tiene facultades para supervisar el transporte público de carga permisionario o concesionado, como pueden ser las unidades de transportes de pasajeros que trabajan para empresas privadas, pero no las unidades de carga de las propias empresas.

El ex regidor señaló que esta es una de las irregularidades que están cometiendo los inspectores de tránsito municipal de una manera totalmente descarada, parando e infraccionando a cuanta unidad de carga particular se les antoja, sin ser propiamente objeto de supervisión del Reglamento de Transportes Municipal.

“El único facultado para multar a los choferes de carga particulares es la policía de tránsito, no transportes municipales, ya solo falta que también multen a los automovilistas particulares”, lamentó.

El denunciante reiteró que esto se debe a los intereses creados entre el actual gobierno municipal y cierto grupo transportista que se niega a ceder al Estado el control del transporte.

“O el Gobernador no está siendo bien informado de lo que pasa en el transporte Rosarito, o ya cedió a la presión de los grupos transportistas, porque el decreto es muy claro y dice que el Estado tiene que tomar el control de todo el transporte. Si el Estado quería el control del transporte, ¿Hasta cuándo se va a hacer responsable?”, cuestionó.