Las recientes protestas orquestadas por mujeres comerciantes del controversial mercado sobreruedas nocturno de la colonia Lucio Blanco, han puesto en evidencia acuerdos políticos entre altos funcionarios del Ayuntamiento y líderes comerciantes, al margen de la ley.
Mientras las mujeres comerciantes se ostentan como madres solteras con derecho a trabajar, llama la atención que se niegan a cumplir con los permisos requeridos por la Dirección de Inspección y Verificación, violentando con ello el reglamento de justicia cívica, que exige permiso para venta en vía pública, independientemente a si están agremiadas a un sindicato u asociación.
De acuerdo con fuentes en el Ayuntamiento, esta controversia ha puesto a la Dirección de Inspección y Verificación entre la espada y la pared.
Por un lado, tiene la presión de las 10 o 15 mujeres comerciantes que reclaman al Ayuntamiento permitirles instalar su mercado nocturno en la calle Balbino Obeso de la colonia Lucio Blanco, pese a que no tienen los permisos para venta en vía pública.
Por otro lado, tiene la presión de la Secretaría General de Gobierno que, aun sabiendo del incumplimiento de las mujeres comerciantes, las arropa y les permite instalarse.
Para los buenos entendedores, esta condición deja ver los valores entendidos o el acuerdo político que existe entre la Secretaría General y las mujeres comerciantes.
Hasta ahora, la Dirección de Inspección no ha procedido con operativos para decomisar mercancías o retirar los puestos ambulantes, pero sí les ha notificado que requieren acercarse al Ayuntamiento a tramitar sus permisos, de manera individual e independiente a la organización a la que pertenecen.
Sin embargo, lejos de acatar las recomendaciones, las mujeres insisten en por la vía política para mantenerse operando al margen de la ley, en acuerdos políticos con la secretaría general que no solo les permitió mantener el mercado, sino también extendió a dos días el periodo para instalarse y a 50 el número de mujeres solteras comerciantes, que, dicho sea de paso, son en su mayoría de Tijuana.
“Ellas dicen que tienen derecho a trabajar y que el Ayuntamiento les está negando ese derecho, pero ellas también están incurriendo en la ilegalidad, por incumplir con la documentación que el reglamento establece”, comentaron funcionarios.
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