Mandos sí pueden desarmar a policías: C3

Por Juan Pablo Sebastián

La Directora del Centro de Evaluación y Control de Confianza de estado de Baja California (C3) Brenda Valdez Jaramillo, aseguró que los mandos policíacos sí tienen facultades legales para desarmar a un agente cuando éste no cumple con los requisitos que marca SEDENA e incluso cuando representan un riesgo para la ciudadanía.

Al acudir de invitada con el grupo Madrugadores que preside Carmen de la Toba, el miércoles 24 de octubre, la titular del C3 puntualizó que además de la pérdida de confianza, los problemas de salud físicos también son una razón para desarmar a un agente.

“Se pueden desarmar cuando implican un riesgo para la seguridad de la sociedad o un riesgo propio para el agente, cuando no cumplen con alguno de los requisitos que marca SEDENA,  que es encontrarse físicamente apto, con la agudeza visual por ejemplo, que nos pide SEDENA a nosotros evaluar para poder mantener la licencia oficial colectiva de portación de arma”.

De esta manera respaldó la declaración del Director de Seguridad Pública, Adrián Hernández Pérez, quien recientemente desarmó a tres agentes policíacos por razones de pérdida de confianza, uno de los cuales se inconformó directamente ante la alcaldesa Mirna Rincón Vargas pidiéndole su intervención para que se le informe el motivo del desarme y se le regrese su arma de cargo.

La Directora del C3 reveló que este tipo de acciones quedan a criterio de los mandos policíacos cuando detectan situaciones de riesgo en la seguridad de los ciudadanos.

Por otro lado, también informó que además de las evaluaciones obligadas cada tres años y al inicio de cada administración, existen las evaluaciones especiales que pueden solicitar las autoridades policíacas cuando consideren que existe una situación que lo amerite.

“Las evaluaciones especiales las solicita la corporación cuando existen situaciones que ameriten volverles a hacer los exámenes a un agente, independientemente de la evaluación de cada 3 años. Estas evaluaciones son por casos específicos, cuando por ejemplo ocupan confrontar alguna de las evaluaciones”, sostuvo.

Añadió que si bien los resultados pueden ser aprobados o no aprobados, en algunos casos se hacen observaciones respecto a temas psicológicos, físicos y de confiabilidad.

“Cuando salen no aprobados, las autoridades están obligadas a iniciar de inmediato los procesos para darlos de baja, pero hay que recordar que ellos tienen también recursos para defenderse y lo más preocupante es que estos procesos llevan mucho tiempo y van trascendiendo las administraciones.

Los resultados de estos exámenes son contundentes. Nunca se omite un resultado no aprobado si las pruebas no son contundentes para emitirlos e implican un factor de riesgo para la sociedad mantenerlos en activo y armados en la calle”, concluyó.