La Secretaría General del Ayuntamiento a través de la Coordinación de Jueces Cívicos lanzó una campaña informativa con la finalidad de prevenir faltas administrativas y dar a conocer algunos derechos y obligaciones de los infractores, así como las multas económicas que ameritan las faltas administrativas más comunes.
La guía informativa explica que los juzgados cívicos tienen como misión mantener el orden y la convivencia en la comunidad, resolviendo conflictos menores y faltas administrativas de forma ágil, gratuita y sin necesidad de un juicio penal.
La Justicia Cívica también está para resolver conflictos vecinales mediante la conciliación, en pleitos como:
Tirar basura en propiedad privada, bloquear la entrada a un domicilio particular, poner música a volumen elevado, comportamientos agresivos, afectaciones a particulares por derrames de fosa séptica, entre otras.
La guía informativa también informa sobre las faltas administrativas más comunes y las multas económicas que ameritan, tales como:
Tomar bebidas alcohólicas en la vía pública, alterar el orden público, causar molestias a otras personas en espacios públicos o privados.
Asimismo, menciona que son infracciones de tránsito las siguientes conductas:
Circular sin placas, estacionarse en línea azul, conducir con aliento alcohólico o estado de ebriedad, no contar con licencia o seguro vehicular, entre otras.
En cuanto a las sanciones, advierte que las multas por infracciones de tránsito son las siguientes:
Conducir sin llevar puesto el cinturón de seguridad: $3,394.2. No respetar los límites de velocidad: $4,525.6. Estacionarse en cajones azules, líneas rojas o en sentido contrario: $9,051.2
Usar el teléfono celular al conducir: $3,394.2. No respetar las luces del semáforo: $2,262.8. Conducir tomado: $3,394.2 con aliento alcohólico y $12,445.4 en estado de ebriedad.
La información indica que los infractores tienen derecho a ser escuchados por un juez cívico, el único facultado para determinar la situación jurídica y para ordenar el remolque de un vehículo.
En el caso de los conflictos vecinales que no se resuelven en el juzgado de justicia cívica o los acusados no atiendan los llamados, los denunciantes tienen el derecho de recibir el expediente de queja para presentarla ante la Fiscalía General del Estado.
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